La alcaldesa de Colmenarejo, Nieves Roses, investigada por vender suelo público a un ex regidor del Partido Popular

El juzgado de instrucción número 4 de San Lorenzo de El Escorial investiga a la alcaldesa de Colmenarejo, Nieves Roses, por vender una parcela pública a una empresa cuyo administrador es uno de sus predecesores en la Alcaldía, el ex regidor popular Julio García Elvira, que es socio en otra sociedad del actual primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Justo Lozano (ambos son socios desde septiembre del año 2000 de El Romeral Apicultora SL), según publica El Confidencial. La Fiscalía Provincial de Madrid ha visto indicios de delito de prevaricación y tráfico de influencias.

En 1997, el entonces regidor Julio García Elvira decidió vender mediante subasta pública dos parcelas del municipio, tal y como explica este medio digital. Un año después, uno de los terrenos fue adjudicado a la empresa Jufema SL, cuyo administrador solidario (con el 50 por ciento del capital social) era el propio García Elvira. En septiembre de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo el acuerdo que adjudicó la parcela, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2006. Siete años después, ya con Nieves Roses en la Alcaldía, el Ayuntamiento de Colmenarejo volvió a sacar a subasta la parcela, terreno que volvió a ser adjudicado por 970.000 euros a la misma empresa, Jufema SL, que hoy sigue perteneciendo al 50 por ciento al ex alcalde.

La denuncia que llegó en 2018 a la Fiscalía asegura que en el Pleno en el que se vendió el suelo participó el actual primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo. «Justo Lozano no se ha abstenido en ninguna fase del procedimiento, a lo que hay que sumar que su responsabilidad como concejal de Urbanismo le hacía clave en la elaboración del expediente de enajenación de la parcela que curiosamente recae en la empresa en la que es administrador su socio. Esta relación mercantil deberá estar declarada en el registro de intereses previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local», lo que deberían haber conocido tanto el secretario municipal como la actual alcaldesa, reza la denuncia.