La alcaldesa de Valdemorillo y el edil de Hacienda, denunciados por los ediles de Sí Se Puede e IU por falsedad en documento público
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo de El Escorial ha citado a declarar para el 5 de abril como investigada a la alcaldesa de Valdemorillo, Gema González Fernández (Progresistas); al concejal de Hacienda, Luis Entero Acedos (Vecinos); y al secretario del ayuntamiento, Gustavo Benito de Ribagorda, acusados de falsear un documento público para excluir una supuesta deuda que tenía el edil de Hacienda con el Consistorio. Así lo ha acordado el Juzgado en un auto tras una querella de los concejales Nicolás Bayarri, Gabriel Bayarri y Silvia Ruz (Sí Se Puede), así como de Rosario Cámara (IU), quienes fueron cesados en abril de 2017 por la alcaldesa, argumentando entonces "diferencias irreconciliables" y por "pretender unas nuevas exigencias" basadas en las "directrices de Podemos" y "no en los 20 puntos iniciales" del pacto de gobierno.
En su querella, admitida a trámite por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, los ediles señalan que Nicolás Bayarri -que entonces era el titular de Hacienda- revisó el listado de embargos de saldos en cuentas bancarias de deudores a la Hacienda municipal. Allí, según los querellantes, figuraba Luis Entero, con una deuda contraída de 27.548,90 euros.
Un mes más tarde, en dicho documento ya no figuraban varias deudas, entre ellas la de Entero. Tras consultar las posibles satisfacciones de deuda que hubieran generado modificaciones en el documento, comunicaron a Bayarri que el documento de Entero revestía «un defecto informático» y que se trataba de un deudor que «ya iba a pagar».
Tras tener conocimiento de esto, Bayarri decidió no firmar el nuevo documento «hasta no tener constancia de la satisfacción real de la deuda». Aproximadamente un mes más tarde el concejal fue destituido por la alcaldesa. «Ante lo irregular de la situación», señalan los denunciantes, Bayarri solicitó tener acceso al documento de embargos, donde «de forma sangrante y poco disimulada», se aprecia la concurrencia de deudores que estaban presentes anteriormente pero, sin embargo, la deuda de Entero ya no figuraba en la lista.
Entero, según denuncian, habría firmado el documento en el que ya no figuraba como deudor, «a pesar de que en ningún momento ha quedado acreditado que la deuda contraída haya sido satisfecha».
Por ello, los querellantes pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Madrid y la Fiscalía Especial contra la Corrupción, además de ampliar la acusación contra la alcaldesa, Gema González, porque a su juicio «el único hecho que motiva» el cese de los concejales de Sí Se Puede e Izquierda Unida es esta «descarada irregularidad económica».
En cuanto a Benito de Ribagorda, lo incluyen en el caso porque «es responsable de certificar todos los actos o resoluciones y los acuerdos». «Es decir, a sabiendas de la injusticia, respalda y firma el decreto emitido por la alcaldesa para expulsar a los querellantes y nombra a Entero», afirman en su denuncia.
En última instancia, señalan que Entero «ha causado un indudable perjuicio» a las arcas del ayuntamiento, «al utilizar las facultades que le fueron atribuidas para eliminarse a sí mismo de la lista de deudores al Consistorio». También encausan al responsable de la empresa Infaplic S.L., encargada de la gestión de la Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento, al mantener que «ha fallado a su deber de vigilancia de las arcas públicas».
