La alcaldesa de Torrelodones declara como investigada por una licencia de unas fincas de eventos en parque regional

La alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, y el concejal de Urbanismo, Santiago Fernández, han prestado declaración en el Juzgado número 5 de Collado Villalba como investigados por la situación de la licencia de unas fincas dedicadas a la celebración de eventos, que estarían ubicadas en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Según han confirmado fuentes jurídicas, la declaración se ha producido en calidad de investigados, dentro de la investigación que está desarrollando el Juzgado de Collado Villalba. En la denuncia de la Fiscalía se recoge que los supuestos hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística y de un delito de prevaricación.

Así, en el escrito, indica que al parecer, las fincas en cuestión estarían situadas dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y que los empresarios no habrían recabado «calificación urbanística de la Comunidad Autónoma de Madrid, ni licencia municipal de funcionamiento, exigibles» por tratarse de actividades que estarían contempladas por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid y por la Ley del Suelo.

Supuestamente, según el escrito, desde la Alcaldía y la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, al parecer, se habría consentido la actividad «a sabiendas de no contar con la calificación urbanística de la Comunidad Autónoma de Madrid ni la licencia municipal habilitantes» y, presuntamente, «no se habrían ejercitado las potestades administrativas de inspección y sanción que en relación con ellas le imponía ejercer la mencionada Ley 17/1997».

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el concejal de Comunicación de Torrelodones, Ángel Guirao, ha explicado que la alcaldesa y el edil de Urbanismo y Medio Ambiente «están a disposición del juez en representación del Ayuntamiento».  «Los propietarios de las fincas mantienen en paralelo un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos implicados (en relación también a más municipios), contenciosos que se están produciendo en otras provincias y que al estar ganando, después van contra las Ayuntamientos que han cerrado las fincas por el lucro cesante», ha concluido.