La alcaldesa de San Lorenzo reitera que la concesión de licencias «es un procedimiento reglado» y en base a «informes técnicos y jurídicos»
Comunicado del Ayuntamiento respecto a la citación de Carlota López Esteban para declarar por la denuncia presentada por familiares de inhumados en el Valle de los Caídos.
En relación a las distintas noticias publicadas en varios medios de comunicación respecto a la citación, el próximo 20 de diciembre, para la toma de declaración de la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, acerca del procedimiento sobre la suspensión de la licencia de obra de habilitación de acceso a las criptas del Valle de los Caídos, el Ayuntamiento ha hecho público un comunicado en el que indica que la regidora «asistirá gustosamente a dicha toma de declaración», reiterando además que la concesión de licencias «es un procedimiento reglado y que todos los acuerdos al respecto han sido adoptados por la Junta de Gobierno Local, siempre en base a los preceptivos informes técnicos y jurídicos, y en cumplimiento de resoluciones judiciales, quedando excluida cualquier posibilidad de discrecionalidad o arbitrariedad».
Hace unas semanas, la titular del Juzgado número 5 de San Lorenzo admitió a trámite la querella, presentada por familiares de inhumados en el Valle de los Caídos, que se interpuso antes de otra jueza rechazara en septiembre la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecutara el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones. Esta resolución daba la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial en la decisión del Consistorio de no renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme.
Procedimiento reglado
Basándose en un informe jurídico de la Secretaría municipal, el Ayuntamiento negó en su momento que existiese un bloqueo y alegó que «la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo», por lo que, atendiendo a este mismo informe, se mantenía en suspenso la licencia hasta que no hubiese sentencia firme.
Asimismo, señalaba que el procedimiento viene determinado por los informes que los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitieron «una vez analizada la sentencia dictada por el Tribunal, ajustándose en todo momento a la legalidad». También añadió entonces que el «único» interés del Gobierno municipal en cualquier procedimiento es «cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente», y que la Alcaldía no puede cuestionar «en ningún momento» las resoluciones judiciales que pueda dictar la justicia.
