Familiares del Valle de los Caídos se quejan a la alcaldesa de San Lorenzo por el bloqueo de las exhumaciones
Familiares de víctimas del Valle de los Caídos han remitido a la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial una carta en la que se quejan de que no se haya procedido a renovar la licencia urbanística para proceder a las exhumaciones después de la sentencia que levantó las medidas cautelares que impedían la extracción de restos óseos de las criptas.
La carta dirigida a Carlota López Esteban la firma Iñigo Jaca Arrizabalaga, sobrino del miliciano vasco inhumado en el Valle de los Caídos Antonio Arrizabalaga Ugarte. A esta petición se sumarán otras familias, como la de los hermanos Lapeña, fusilados en Calatayud en la Guerra Civil y exhumados en el Cuelgamuros.
Licencia de obra
La queja llega después de que el Consistorio de este municipio se niegue a renovar la licencia de la obra para acceder a las criptas y proceder a las exhumaciones debido al recurso que existe ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de levantar la medida cautelar que bloqueaba los trabajos.
Jaca esgrime en la carta que su solicitud de entrega de los restos de su familiar viene amparada por la resolución de Patrimonio Nacional de 21 de noviembre de 2020, al igual que el que asiste a la familia Lapeña amparada en un auto del juez de San Lorenzo del Escorial de 2016.
Críticas del PSOE
Ante esta noticia, el PSOE de San Lorenzo de El Escorial ha hecho público un comunicado en el que lamenta que el Ayuntamiento se ponga «en contra de los familiares de represaliados cuyos restos fueron trasladados sin autorización de sus familias al Valle de los Caídos por el gobierno franquista».
«Pese a que existen sentencias que ordenan la exhumación de los cuerpos para que sus familiares puedan enterrarles dignamente donde ellos quieran, el Ayuntamiento no ha renovado la licencia urbanística para ello, impidiendo así que los restos de estas victimas puedan ser exhumados y trasladados», señalan, anunciando que el grupo municipal solicitará en los próximos días «los expedientes administrativos que existan en el Ayuntamiento a fin de estudiar la legalidad de esta decisión».
