La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos advierte a la funeraria de posibles «medidas legales» por la exhumación de Franco

Tras hacerse público el informe de Patrimonio Nacional sobre los trabajos de cara a la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos, actuación que correría a cargo de un equipo de empleados de este organismo, así como de la funeraria Nuestra Señora de la Jarosa -con sede en Guadarrama y que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial-, el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, ha enviado este lunes un burofax a la funeraria en el que indica que «teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo, en auto de fecha 17 de diciembre de 2018, ya manifestó con una claridad absoluta que dicha exhumación no podrá ser ejecutada sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y ésta sala se haya pronunciado, esta asociación manifiesta que se plantearía de modo inmediato la interposición de todas las medidas legales que fueran necesarias contra todas aquellas personas y/o entidades que pudieran incurrir en acciones contrarias a la ley en este asunto, haciéndoles responsables en su caso».

Por su parte, la familia de Franco recurrirá al Tribunal Supremo el acuerdo aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros que ordena la exhumación de los restos del dictador. El recurso solicitará «medidas cautelarísimas» buscando la paralización inmediata del procedimiento, avanzaron fuentes del entorno de la familia. También la Fundación Nacional Francisco Franco y la Abadía benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos recurrirán al Supremo en sentido similar. La intención, avanzan las fuentes consultadas, es presentar estos recursos antes de que venza el plazo de 15 días que el Gobierno ha dado a la familia para que elija una ubicación alternativa a la cripta de la catedral de La Almudena para trasladar los restos del dictador.

El Ejecutivo alega motivos de seguridad y de orden público para prohibir llevar los restos de Franco a la cripta de La Almudena y ha pedido a la familia que busque otra ubicación que no presente estos problemas. Si la familia no se presta a señalar otro emplazamiento, el Consejo de Ministros decidirá dónde se llevarán los restos del dictador, con el panteón familiar de El Pardo como principal opción.