El sindicato CSIF lamenta la «indefensión» de los trabajadores tras el cierre del Valle de los Caídos
Tras el cierre del Valle de los Caídos desde la tarde del pasado viernes 11 de octubre, el sindicato CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha mostrado su preocupación por lo que considera como incumplimiento de la normativa laboral por parte de la dirección de Patrimonio Nacional, preguntándose si, en definitiva, no nos encontramos en realidad ante «un cierre patronal».
«Si bien parece que ya nos van a pagar las deudas económicas que ese organismo tiene con sus trabajadores laborales de los años 2018 y 2019, que se rumorea que las vacantes de 2017 y 2018 van a ser cubiertas en los próximos años y que la negociación del convenio colectivo, comenzada en enero, se empieza a tomar en serio, no por ello se deja de incumplir la normativa laboral», indican estas mismas fuentes.
En estos momentos, explican desde CSI-F, el Valle de los Caídos, con 32 trabajadores laborales, «es uno de los centros de trabajo que más recursos recaba, por el aumento de visitantes», a lo que se suma, añaden, «la cada vez menor aportación del organismo a su mantenimiento y restauración».
Perjuicios a la hostelería
En cuanto al cierre, el sindicato lamenta que no avisara con antelación a los establecimientos hosteleros situados en este enclave, además de que la medida provocó «graves perjuicios a la hostelería de San Lorenzo de El Escorial, donde se anularon reservas por este motivo». En este sentido, cabe recordar que la entrada a los monumentos de Patrimonio Nacional era gratuita el sábado 12 de octubre, al coincidir con la Fiesta Nacional de España, por lo que se esperaba una notable afluencia de visitas. «Pero lo más grave», prosiguen desde CSI-F, «es la indefensión de los empleados públicos que allí trabajan», sin que el Comité de Empresa hubiese sido informado de las medidas que se pretendían adoptar.
«Los trabajadores han escuchado que se cierra hasta nueva orden«, señalan. El pasado fin de semana (días 12 y 13) no tuvieron que ir a trabajar, «ni siquiera ir a fichar», y ahora parece que tendrán que «esperar a lo que les digan». Una situación que desde el sindicato no consideran «muy reglamentaria o legal», pero es que, concluyen, «esto viene de arriba y, como ha quedado claro, el Valle de los Caídos no debe estar sujeto a las leyes de los hombres».
La familia pide un traslado con honores militares
Por otra parte, la familia Franco ha pedido formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez que rinda honores militares y cubra el féretro con una bandera de España durante el traslado y posterior inhumación de los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, una vez sea exhumado del Valle de los Caídos.
Así consta en un escrito que dirigió este lunes el abogado de los nietos de Franco, Luis Felipe Utrera Molina, al Consejo de Ministros, y donde solicita asimismo para sus representados el título funerario sobre el panteón en que se inhumará al dictador y donde reposan ya los restos de su mujer, Carmen Polo.
La titularidad de los derechos funerarios en relación con el panteón donde se enterrará a Franco era de Patrimonio Nacional hasta mayo pasado, cuando, a instancias del organismo que se encarga de los bienes destinados primordialmente al uso de la Familia Real, se desafectó de Patrimonio y quedó integrado en la Administración General del Estado.
Con respecto a los honores militares, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha negado esta misma tarde en una entrevista en Onda Cero que vaya a haber «nada de eso». Calvo ha argumentado que una democracia no puede rendir «ningún tipo de honores ni reconocimiento» al dictador, al que precisamente se saca del Valle de los Caídos para que su figura no está enaltecida en un monumento junto a las «víctimas que él provocó».
La exhumación, a principios de la próxima semana
La vicepresidenta ha confirmado que la exhumación tendrá lugar «los primeros días de la semana que viene» -el lunes 21 o martes 22 son las fechas más probables– y ha explicado que toda la operación se llevará a cabo sin «intención de escarnio» por parte del Ejecutivo, que garantizará que todo se haga con respeto a esos restos humanos y a sus familiares.
A lo que sí ha accedido el Gobierno es a que se pueda celebrar una misa «breve e íntima» en el momento de la inhumación, si bien la familia reclama también en su escrito un oficio religioso en la Basílica del Valle de los Caídos, y solicita que las dos ceremonias las oficie el prior de la Abadía de la Santa Cruz, Santiago Cantera.
