La familia de los hermanos Lapeña se querella contra la alcaldesa de San Lorenzo por «vulnerar la reparación de las víctimas»
Familiares de inhumados en el Valle de los Caídos han presentado una querella en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial contra la alcaldesa de este municipio, Carlota López Esteban, al entender que está bloqueando la licencia de obras para acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones de restos de sus seres queridos.
Los querellantes consideran que la regidora habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello «vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas». La querella se ha presentado en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1936 en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.
La denuncia se dirige contra López Esteban después de que no haya renovado el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. En un comunicado hecho público el sábado, la alcaldesa indicaba que en todo momento se ha actuado conforme a la legalidad, atendiendo al informe jurídico firmado por la secretaria general del Ayuntamiento, en el que se indicaba que hasta que no hubiera sentencia firme no se podría acceder a la solicitud de levantar la suspensión del permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.
En este mismo comunicado la alcaldesa de San Lorenzo indicaba que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, «completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo». Añadía además que el anuncio de la querella era un «medio de coacción».
En la querella, adelantada por la Cadena Ser, se expone que «concurren» todos los elementos de la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los familiares argumentan que «la querellada ha dictado en pleno municipal su negativa a reactivar la licencia municipal, y a su vez, es conocedora del fallo del TSJ por el que se levanta la suspensión sobre dicha licencia que ella misma otorgó, 12 meses antes».
El abogado de las familias, Eduardo Ranz Alonso, menciona el auto, de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña, una sentencia que seis años después aún no se ha ejecutado.
También expone que el propio TSJM se ha pronunciado sobre dicha licencia, denegando la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
El informe jurídico de la secretaria del Ayuntamiento
Ante las dudas existentes, señaló la alcaldesa en un comunicado, se solicitó informe a la Secretaria General del Ayuntamiento, que con fecha 29 de junio de 2022, informó desfavorablemente sobre el alzamiento del acuerdo de suspensión de la licencia de obra, por entender que la ejecución provisional de esta sentencia debe articularse en el seno del procedimiento judicial en curso, con el cumplimiento de los requisitos de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, «que en ningún caso podrían obviarse por este Ayuntamiento».
Días después, la Abogada del Estado, en representación de Patrimonio Nacional, presentó ante el Juzgado de lo Contencioso nº 10 de Madrid un incidente de ejecución de esta última sentencia, de manera que el Ayuntamiento permanece a la espera de la resolución judicial de este incidente para actuar en consecuencia.
Podemos habla de «ralentización»
Ante esta situación, Podemos ha pedido al Ayuntamiento el expediente completo de la licencia de obras concedida a Patrimonio Nacional para proceder a las exhumaciones, con el objetivo de «comprobar posibles dilaciones en el proceso». El edil de esta formación en San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamantti, manifestaba en declaraciones a Aquí en la Sierra que consideraba que no existía prevaricación, pero sí una ralentización de los tiempos, haciendo hincapié en los cuatro meses que pasaron desde que se concedió la licencia el 24 de junio de 2021 hasta que un juez acordó el 16 de noviembre de ese año aceptar la medida cautelar de su paralización.
Para el edil, a la alcaldesa le vino bien el informe jurídico de la secretaria accidental -suplía la falta de secretario titular- en el que se informaba de que no se procedería a la renovación de permiso hasta que no haya sentencia firme en el procedimiento penal relativo a dicha licencia. Además, Tettamantti destacó que ese informe «recomendaba» esperar a la sentencia firme, pero no «obligaba». «En base a este informe la alcaldesa decide paralizarlo», subrayó.
«Creemos que le ha faltado empatía y solidaridad con las familias por ese esfuerzo en ralentizar los tiempos. Nos faltan datos de lo que pasó durante esos cuatro meses y por eso hemos pedido el expediente para que nos aclaren las dudas que hay», indicó, lamentando también la «frialdad» de la alcaldesa en el comunicado que se hizo público en la tarde del sábado.
