Una jueza cita a declarar a la alcaldesa de San Lorenzo por la querella de los familiares del Valle de los Caídos

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial ha citado a la alcaldesa del municipio, Carlota López Esteban, a declarar en el marco de la querella presentada por familiares de inhumados en el Valle de los Caídos por su negativa a reactivar la licencia de obras que permitiría acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones hasta que no haya sentencia firme sobre esta cuestión.

Citación para el 20 de diciembre

En una providencia, la titular del juzgado señala la citación para el próximo 20 de diciembre a las 10.30 horas y requiere al Ayuntamiento para que en el plazo de cinco días hábiles aporte el expediente en papel para constancia en los autos. Hace unas semanas, la magistrada admitió a trámite la querella, que se interpuso antes de otra jueza rechazara en septiembre la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecutara el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones. Esta resolución daba la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial en su negativa a renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme.

Sin embargo, la magistrada que decidirá sobre la querella entiende que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban / Archivo – Aquí en la Sierra

La denuncia se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro. El abogado de las familias, Eduardo Ranz, menciona el auto de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo, que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio-Ramiro.

Procedimiento reglado

La acción penal se dirige contra Carlota López Esteban después de que no renovara el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. Esta decisión está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

En un informe jurídico de la Secretaría municipal, el Ayuntamiento alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.

Por su parte, la alcaldesa manifestó en un comunicado que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, «completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo».

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