Unidas por Las Rozas denuncia la falta de voluntad del gobierno del PP para garantizar la continuidad de 55 monitores de polideportivos

Según ha denunciado el grupo municipal Unidas por Las Rozas, “55 monitores llevan más de 16 años prestando servicios en los polideportivos municipales pasando de unas empresas a otras, una situación que se ha mantenido hasta mayo de 2020 en el que se interrumpió el servicio por la pandemia”. La formación critica que “hace más de diez años que el gobierno del PP decidió privatizar una parte de las actividades que se prestan en los polideportivos. En agosto pasado el Ayuntamiento volvió a sacar un contrato nuevo en el que no incluyeron la subrogación de este personal (el derecho de subrogación se mantenía un año desde el cierre de las instalaciones, que fue en mayo de 2020, y el concurso nuevo para cubrir este servicio salió el pasado 3 de agosto), en contra del criterio de la empresa saliente y de su Comité de empresa, que consideran que la plantilla tiene derecho a continuar con el contrato nuevo. Esta situación ha dejado a los trabajadores en un limbo, porque la empresa saliente no quiere hacerse cargo de sus despidos y la nueva adjudicataria no les va a subrogar. Los trabajadores no solo han perdido su puesto de trabajo, sino que además van a tener que acudir individualmente a los tribunales para que decidan quién se tiene que hacer cargo de ellos”. De hecho 18 de estos trabajadores demandado al Ayuntamiento por cesión ilegal.

La portavoz, Patricia García, ha resaltado que “el Gobierno municipal en lugar de publicar el concurso en mayo de este año para asegurar la subrogación de la plantilla, lo sacan en agosto, dos meses después”. Considera que no “ha habido ningún esfuerzo ni voluntad política por parte del gobierno del PP para mantener a los 55 monitores deportivos en situación de ERTE y suspensión de contrato desde mayo de 2020, cuando se cerraron las instalaciones por la pandemia y el gobierno municipal decidió no prorrogar el contrato con la empresa”.

Previendo el futuro, García Cruz reclamó ya entonces que el PP diese garantías para asegurar la continuidad futura de estos profesionales del deporte una vez  que la crisis sanitaria permitiese volver a abrir las instalaciones.

García Cruz denuncia que “está demostrado que la privatización de servicios genera precariedad laboral y pone en riesgo la prestación de los servicios. En este caso no sólo vamos a perder un importante capital profesional de personas con años de experiencia en nuestros polideportivos y con un alto grado de conocimiento del municipio, si no que van a perder su empleo y encima tendrán que acudir a los juzgados para reclamar sus derechos”.

La portavoz de Unidas conminó al PP a abrir una reflexión profunda sobre la gestión de este servicio. “que debería llevar a buscar fórmulas para re-municipalizar el servicio que garanticen una estabilidad en la plantilla como se ha hecho en el área de Cultura”.

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