El PP denuncia al alcalde de Galapagar por un presunto delito de prevaricación administrativa

El Partido Popular ha acudido a la fiscalía para que investigue si el regidor, Alberto Gómez, está cometiendo un delito "al impedir, hasta en dos ocasiones, la votación de los salarios del equipo de Gobierno, a pesar de saber que un concejal de Ciudadanos estaba en una flagrante incompatibilidad".

La portavoz del Partido Popular de Galapagar, Carla Greciano, ha acudido ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba para presentar una denuncia contra el alcalde, Alberto Gómez Martín (PSOE). En su denuncia, los populares piden a la Fiscalía que investigue si el regidor podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación administrativa.

Los populares se basan en el hecho de que el concejal de Ciudadanos, Santos Esteban, teniente de alcalde y con dedicación exclusiva, comenzó a trabajar en una empresa privada desde el pasado 1 de febrero, solicitando por ello una dedicación parcial para evitar la incompatibilidad de cargo público.

El 28 de febrero, explicó, se convocó un pleno ordinario, incluyendo la propuesta con carácter retroactivo de la solicitud del concejal con respecto a su dedicación. Sin embargo, al inicio del pleno, Greciano señala que el regidor decidió “retirar el punto del orden del día sin dar más explicaciones”.

La portavoz del PP de Galapagar, Carla Greciano, a las puertas de los Juzgados de Collado Villalba / Fotografía: Rafa Herrero

Rocambolesco debate en el Pleno

Un mes después, el 25 de marzo, se convocó un nuevo Pleno ordinario en el que se vuelve a incluir propuesta de dedicaciones exclusivas y parciales, para dar salida a la petición de Santos Esteban, “que de facto comete incompatibilidad desde el 1 de febrero de 2021 y ha cobrado ya la nómina de febrero y está a punto de cobrar la de marzo”, indica la edil popular.

Tras un rocambolesco debate, el alcalde, Alberto Gómez, retiró de nuevo el punto del orden del día “para evitar que se voten las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, y a sabiendas, por el decreto firmado por la alcaldía de 5 de marzo, por los escritos presentados por el edil, y por las manifestaciones expresadas por todos los concejales en el pleno del Ayuntamiento de Galapagar, que se está cometiendo una ilegalidad por incompatibilidad del concejal”.

“El debate de 40 minutos finalizó con una petición de que hablara la señora secretaria, porque el alcalde intentó una estratagema, presentando una enmienda a su propia propuesta. Todavía no se ha enterado, después de 10 años que lleva siendo concejal en el Ayuntamiento, que el Gobierno no se puede enmendar a sí mismo, sino que la enmienda es una herramienta que está a disposición de la oposición. Pedimos a la secretaria que aclarase este punto, porque él mismo dijo que se iba a votar la propuesta, junto con la enmienda del propio equipo de Gobierno, y la secretaria les dijo que eso no se puede hacer así, como ya nos ha ocurrido varias veces; y ante la tesitura de que había que votar las enmiendas de la oposición, una de ellas de un concejal no adscrito de la oposición proponía bajarles el sueldo, el alcalde, ante el miedo de que le bajasen el sueldo, que es lo único que le importa, decidió retirar el punto del orden del día, a pesar de que el Partido Popular había expresado durante ese debate que nosotros no teníamos la intención de bajar el sueldo a nadie y que el señor Santos Esteban tenía derecho a pedir una dedicación parcial”, relató la edil.

Por todo ello, el Partido Popular de Galapagar ha presentado una denuncia ante la fiscalía para que investigue “si el alcalde está cometiendo un delito de prevaricación administrativa y de vulneración de derechos fundamentales, evitando la votación de las enmiendas presentadas, dando debido cumplimiento a la solicitud del concejal y permitiendo que mes tras mes, el concejal solicitante, cobre un salario por dedicación exclusiva y cometa incompatibilidad en el debido cumplimiento de la función pública ante las Administraciones y sus ciudadanos”.

Un salario injusto

“Tanto el concejal como los ciudadanos están siendo perjudicados por la actuación del alcalde, ya que al primero le obliga a incumplir la ley y a los ciudadanos les obliga a seguir pagando con sus impuestos un salario injusto y que no se corresponde ni con las intenciones del concejal ni con las competencias que le ha conferido la Alcaldía”, indicó Carla Greciano.

Los populares afirman además que “no entienden cómo Ciudadanos sigue apoyando a un alcalde que ha demostrado no ser leal con sus socios, ya que ha perjudicado directamente a uno de sus concejales, y más aún, cuando lo único que ha demostrado que le interesa es mantener su salario por encima del cumplimiento de los pactos adquiridos con C’s, con Podemos o con los ciudadanos, todos ellos pactos de los que no ha cumplido aún, tras dos años en el cargo, ni uno solo de sus puntos”.

“Esperemos que tomen cartas en el asunto y que más pronto que tarde le digan al alcalde que lo que tiene que hacer es dimitir, porque un alcalde que no conoce las leyes no merece el cargo que está ostentando”, subrayó Greciano a las puertas de los Juzgados de Collado Villalba. Para la portavoz del grupo popular, “es la justicia quien debe determinar si ha habido un caso de prevaricación y confiamos plenamente en ella. Si finalmente la fiscalía entiende que ha habido prevaricación y lo lleva a juicio, debería dimitir inmediatamente”.

Por su parte, desde el equipo de Gobierno han indicado que por el momento no iban a hacer declaraciones. En cualquier caso, fuentes municipales apuntaban que el alcalde retiró el punto del orden del día porque tiene potestad para ello, sin que la secretaria municipal se pronunciase en contra de esta decisión.