Vox Galapagar denuncia el «ansia por recaudar» en las nuevas ordenanzas del IBI y la Plusvalía
“Ante las ganas de recaudar del Gobierno galapagueño en la enésima modificación de la ordenanza municipal del IBI, que trajeron de nuevo al pleno ordinario de junio”, Vox indica que presentó una enmienda para no ligar las reducciones a las familias numerosas al IPREM, “como ocurre en multitud de municipios”.
Lamentablemente, afirman, “Vox se quedó solo en la votación”. “Lo mismo ocurrió ante las ayudas a la construcción, reduciéndolas al máximo y demostrando el cariz ideológico que ha tomado el Ayuntamiento de Galapagar, pues el socio de gobierno, Ciudadanos, aceptó una vez más una medida impuesta por la izquierda del Consistorio”.
El portavoz de este grupo, Ignacio Menéndez, manifestó que “hace ya un tiempo que el Ayuntamiento de Galapagar aprieta fiscalmente a los vecinos, mientras despilfarra su dinero y la gestión económica es desastrosa”.
En cuanto a la Plusvalía, Vox explica que fue “el único partido que se opuso a la modificación de la ordenanza municipal”. Esta formación pide la eliminación de la Plusvalía, argumentando que fue modificada a través de un Real Decreto Ley, el 26/2021, “sobre el que pesa la duda de su inconstitucionalidad, ya que puede haber vulnerado la Constitución al decretarlo el Gobierno nacional, en cuanto a su urgencia y necesidad. Asimismo, tiene similar criterio impositivo al IRPF, lo que supone una doble imposición a los españoles y por dicha razón, también podría ser declarado inconstitucional”. Igualmente, Ignacio Menéndez recordó que se trata de un impuesto “no obligatorio para los ayuntamientos”.
«Ansia por recaudar»
Respecto a la ordenanza en sí, el edil aseguró que domina “el ansia por recaudar”, reclamando más reducciones en el tipo de gravamen o en la base imponible. “El RD Ley 26/2021 modifica el art. 107 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en su apartado 2, se disponen las reglas del valor del terreno en el momento de devengo. Éste afirma que los ayuntamientos podrán establecer un coeficiente corrector del 15% sobre el valor señalado que pondere su grado de actualización, algo no previsto en la ordenanza galapagueña”, subrayó.
Finalmente, señaló que “cuando se aprueben nuevas ponencias que modifiquen los valores catastrales, como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva, se puede aplicar una reducción máxima del 60% para los cinco primeros años, algo que no se observa en la ordenanza aprobada”.
“ES una ordenanza no obligatoria, quizás inconstitucional, y que además, no se aplica con la máxima reducción. Recaudar y recaudar, como en el caso de la ordenanza de VADO y la del IBI que aprobaron en el mismo Pleno”, concluyó el concejal de Vox.
