El PP de Galapagar hace un balance demoledor tras dos años de Gobierno de coalición de PSOE y Ciudadanos

«Ya que el balance no se hace desde el equipo de Gobierno, supongo que porque no tienen nada que celebrar, lo hacemos nosotros». Así empezaba la portavoz del PP, Carla Greciano, la rueda de prensa convocada este martes por los populares coincidiendo con el ecuador de la legislatura. «Tras dos años de gobierno del Psoe y Ciudadanos, con la connivencia de Podemos e IU, Galapagar ha retrocedido en servicios a los ciudadanos. No sólo no ha mejorado en este periodo, sino que ha empeorado a todos los niveles, y más aún, no ha visto cumplir las promesas que llevaron a Alberto Gómez a la alcaldía», aseguraba la también diputada en la Asamblea de Madrid. «El balance les sale a deber, con unos servicios cada vez peores», manifestó, para a continuación hacer un extenso repaso a distintas áreas de la gestión municipal a partir del «acuerdo programático» firmado por PSOE y Ciudadanos tras las elecciones de 2019.

Esperas de tres meses en Servicios Sociales

El primer punto al que hizo referencia Greciano fue el de las listas de espera en la atención al público, que según indicó la edil llegan a ser de un mes y medio para el Registro y de hasta «tres meses» en el caso de Servicios Sociales. «A esto se añade que desde hace ya año y medio los vecinos no pueden ser atendidos ni en horario de tarde ni los sábados por la mañana, como sí ocurría cuando gobernaba el Partido Popular», añadió, reprochando también que no se haya creado el prometido departamento municipal de resolución de dudas y ayuda al ciudadano.

Por otra parte, lamentó la «falta de transparencia», poniendo como ejemplo el de una web municipal que «sigue en construcción», con numerosos apartados que no están actualizados, «como la relación de concejales de la Corporación o incluso muchos de los convenios y subvenciones».

La Pocilla, «en ruinas»

Uno de los aspectos en los que más abundó la portavoz del PP, acompañada en rueda de prensa por la también edil Paloma Lorenzo, es de la «situación de abandono y ruinas del Centro Cultural La Pocilla». «Fue cerrado en marzo de 2020 para la realización de unas obras que han empezado con un retraso de casi 9 meses y que sólo van a solucionar las goteras del centro. Esto supone que no se reabrirá el teatro ni las salas de las Escuelas de Música, Danza y Artes Plásticas hasta que no se finalicen las obras de reforma de una segunda fase que no tiene previsión presupuestaria, ni está en licitación y por lo tanto, aboca al Centro Cultural a seguir cerrado al menos hasta 2023», aseguró Greciano.

A esto sumó que la Escuela Municipal de Idiomas lleva desaparecida desde septiembre de 2019, que el Centro del Mayor «continúa cerrado, pese a que en toda la Comunidad de Madrid ya se han retomado las actividades para los mayores tras la pandemia», y que el polideportivo «lleva en obras desde hace un año, entorpeciendo la práctica deportiva de más de 5.000 vecinos».

Sin presupuesto

En cuanto al área económica, el grupo de la oposición afirma que frente a la promesa del equipo de Gobierno de PSOE-Cs de reestructurar los impuestos, «la única medida fiscal que se ha adoptado estos años es la impulsada por el PP para modificar el sistema especial de pagos y facilitar a los vecinos el pago de impuestos durante una época de crisis sin precedentes».

Igualmente, prosiguen, «la modificación de la Ordenanza del IBI se ha aprobado gracias a la medida impulsada por el PP y que se aprobó en el último Pleno con los votos en contra de PSOE y C’s». «Una modificación que permitirá la bajada de este impuesto y aumentar los beneficios fiscales a familias numerosas y crear beneficios fiscales para las energías renovables», señaló Greciano.

Además, reprochó que no se hayan aprobado unos presupuestos para 2021 «ajustados a las necesidades de los vecinos» tras la pandemia, «aumentando las ayudas en Servicios Sociales y al tejido empresarial del municipio».

«Al no disponer de un presupuesto actualizado, no realizará inversión alguna en el municipio y no aumentará las ayudas a sus vecinos como sí ha ocurrido en numerosos ayuntamientos de España. El Ayuntamiento se muestra así alejado de sus vecinos, a los que no ha dado ni una sola ayuda durante la pandemia a pesar de tener un superávit de 8 millones de euros», prosiguió la edil, lamentando también que se vayan a suprimir las becas universitarias.

Dentro de este balance tampoco se libraron las áreas de limpieza («las calles están más sucias, los parques necesitan muchos arreglos y están descuidados, y los contenedores de todo el municipio rebosan día tras día», aseguró) y seguridad («los vecinos echan en falta más patrullas en las calles de la localidad y la asistencia a las urbanizaciones más alejadas del casco urbano»).

Peatonalización improvisada

Otra de las cuestiones en las que incidió Carla Greciano fue la del plan de peatonalización, acusando al Ejecutivo de actuar con «improvisación». «Durante el primer año de gobierno, la excusa de su incapacidad para gestionar eran las malas decisiones del PP; durante el segundo, su excusa ha sido el COVID-19. Y todo ello para justificar la puesta en marcha de un plan de peatonalización caótico, sin seguir el plan aprobado en pleno y con una amplia mayoría de ciudadanos en contra, tal y como demostró la encuesta realizada por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Galapagar», indicó.

Algo parecido ocurre, según la concejala popular, con la primera hora gratuita del Servicio de Estacionamiento Regulado, «que se aprobó sin un estudio previo y por ello se ha iniciado sin posibilidad de llevarla a cabo de una manera correcta por problemas técnicos. «Cuando los ciudadanos quieren hacer uso de esa hora gratuita sólo pueden hacerlo a través de la app, o llamando por teléfono y confiando en que no les multarán», explicó.

«Lo mismo ha ocurrido con el Consejo de la Juventud, aprobado en Pleno,y que un año y medio después aún no ha sido convocado ni una sola vez; con la piscina municipal descubierta, que ya nos ha costado 20.000 euros, pero aún no sabemos ni el lugar donde pretenden construirla; o la promesa de potenciar el Galapajazz, que este año se retomará aunque a falta de 15 días de su celebración no se ha anunciado aún, ni se ha solicitado la subvención de la Comunidad de Madrid», manifestó.

Lamentó también la lentitud en la tramitación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, «ya que se ha tardado 2 años en contratar al equipo redactor».

Una dimisión, un cese y una incompatibilidad

En este contexto, Greciano afirmó que el Gobierno local está «marcado por la inestabilidad y la incapacidad para formar equipo: el PSOE perdió dos concejales en apenas año y medio tras la dimisión del edil de Hacienda y el cese de la concejal de Servicios Sociales en mitad de la pandemia; Podemos y Vox han perdido 3 concejales, engrosando las filas de los no adscritos, que suman en la actualidad cuatro concejales; y Ciudadanos tiene un concejal con una incompatibilidad al dejar sus labores de gobierno por una oportunidad laboral en la empresa privada». Frente a esto, dijo, el PP presenta «un equipo estable, unido y solvente, formado por los seis concejales que comenzaron la legislatura en 2019».

«Galapagar ha sufrido dos años de un gobierno débil, ineficaz y descuidado, más preocupado por sus conflictos internos que por conservar un municipio que evolucionaba y que heredaron en un estado envidiable», añadió.

«Un tiempo positivo para el PP»

En cuanto a su labor como oposición, aseguró que han ejercido este trabajo «desde la lealtad institucional y con el objetivo de evitar, en la manera de lo posible, que el municipio cayera en la desidia y el caos».  «El Partido popular ha intentado hacer ver esta situación al Gobierno a través de mociones en defensa de la Escuela Municipal de Idiomas, en defensa del empleo público para personas con discapacidad, en defensa de los festejos taurinos, de la libertad educativa, la modificación de las ordenanzas para la bajada de impuestos, y de la transparencia en la administración pública. Todas ellas aprobadas en pleno con el voto favorable de otros grupos políticos y, en varias ocasiones, por unanimidad».

Del mismo modo, subrayó, han registrado un presupuesto alternativo, 18 enmiendas, cuatro recursos, más de 200 preguntas y 80 propuestas «para guiar a un Gobierno municipal perdido y desaparecido durante el estado de alarma».

La portavoz popular recordó también que han presentado dos denuncias ante el Defensor del Pueblo, que sacaron a la luz «la mentira en el currículum del alcalde, que publicitó poseer el título de Doctor en Historia cuando era falso», y que, más recientemente, presentaron una denuncia por presunta prevaricación «al evitar que se votara en pleno el cambio de dedicación del responsable de Comercio, a sabiendas que ya estaba trabajando en una empresa privada y por lo tanto cometiendo una incompatibilidad con su cargo de concejal con dedicación exclusiva».

Desde el grupo municipal popular lamentan que los galapagueños «tengan que sufrir un gobierno de izquierdas que se han mostrado ineficaces, no sólo en sus intenciones sino en sus hechos, y más preocupados por cambiarle el nombre a los edificios municipales que en conseguir que sean adecuados a las necesidades de los ciudadanos».

Pese a no gobernar, Greciano calificó estos dos años como «un tiempo positivo para el PP». «Hemos conseguido un 20% más de afiliaciones, con un partido más dinámico y que ha estado más en la calle, como este pasado fin de semana, cuando recogimos firmas contra los indultos del procès«.

«Lo único que podemos pedir a los galapagueños es que confíen en que seguiremos ejerciendo una oposición digna, aprobando aquello que entendemos es beneficioso para todos, denunciando aquello que es perjudicial y preparando una actuación de Gobierno para reconstruir y encauzar el municipio lo antes posible en cuanto los ciudadanos nos otorguen su confianza en 2023 para gobernar. Hay esperanza y un equipo preparado para revertir este caos», aseguró la edil, que lamentó la «falta de autoridad del alcalde». «No está gobernando el PSOE más que de nombre», enfatizó, para concluir señalando que aprovechará sus nuevas responsabilidades como diputada regional para trasladar a la Asamblea temas en los que también tiene competencias la Comunidad de Madrid, como la situación del barrio de San Gregorio o el deterioro de la torre de la Iglesia.