Ecologistas en Acción solicita a la Comunidad de Madrid la suspensión del planeamiento urbanístico de El Boalo, Cerceda y Mataelpino

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha remitido una comunicación a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, expresando su preocupación por el expansionismo urbanístico que viene impulsando el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.

Los injustificados proyectos expansivos están afectando gravemente a un valioso territorio rural, a un paisaje y visualizaciones de gran valor y fragilidad, a las vías pecuarias, a la calidad de vida de los vecinos y vecinas (pues se saturarían aún más las infraestructuras y carreteras), etc.

En la comunicación, Ecologistas en Acción plantea que ese expansionismo atenta contra el interés general y contraviene la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 6 de noviembre de 2018 y el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de noviembre de 2018, por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.

Por lo que, para salvar ese interés general y ante la actitud del citado Ayuntamiento que, además, hace caso omiso de las dos resoluciones citadas, Ecologistas en Acción considera que la Comunidad de Madrid está en la obligación de suspender el planeamiento vigente en ese municipio, aplicando el artículo 70 de la Ley del Suelo.

Regidos por unas normas de 1998

En El Boalo, Cerceda y Mataelpino existe un confuso, incompleto y obsoleto planeamiento urbanístico, basado en unas expansivas Normas Subsidiarias de 1998. Aprovechando esa situación, el Ayuntamiento viene aprobando normas urbanísticas expansivas que en algunos casos pretenden incluso incrementar las edificabilidades máximas previstas en las Normas Subsidiarias, urbanizar zonas aplazadas, utilizar vías pecuarias como accesos, derribar inmuebles incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, cambiar las determinaciones estructurantes de dichas Normas y también extender la urbanización a zonas que el mismo Ayuntamiento planteó (en el Avance de PGOU) que deberían quedar libres de esa expansión.

Las dos Resoluciones emitidas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid son taxativamente claras: en ambas se plantea que el PGOU de El Boalo, Cerceda y Mataelpino debe optar obligatoriamente por la alternativa de “crecimiento cero” y proceder a desclasificar zonas que aparecen como urbanizables en las Normas Subsidiarias de 1998, para devolverlas a su carácter rural (que no han perdido de facto) y evitar el expansionismo urbano que viene sufriendo ese municipio, y que amenaza con unir los tres núcleos que lo componen en un solo e insostenible continuo urbano.

En la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad se hace hincapié en la mayor relevancia de los criterios ambientales frente a los económicos; en el crecimiento excesivamente expansivo y homogéneo que recogen las Normas Subsidiarias; y en que no se contemplan suficientemente la preservación de elementos naturales, paisajísticos y patrimoniales.

También se subraya la no validez del argumento, tan manido, de la necesidad de “rellenar las discontinuidades urbanas”, y que este argumento permite animar a una continua expansión; mientras que se señalan los incrementos del tráfico vehicular y de los desplazamientos que llevaría la alternativa crecentista y sus impactos contaminadores y de fragmentación del territorio y pérdida de biodiversidad.

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