Ecologistas en Acción denuncian que el Ayuntamiento de El Boalo sigue apostando por el expansionismo urbano y la opacidad

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid considera que existe la obligación legal de suspender el planeamiento del municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino por las actuaciones de expansionismo urbano que lleva adelante su Ayuntamiento, afectando gravemente a espacios naturales, al paisaje, destruyendo suelo vivo, empeorando la calidad de vida de sus habitantes y poniendo en tensión las infraestructuras del municipio, las de los pueblos cercanos y las regionales.

«Con motivo del período de información pública del Plan Parcial del Sector 3º de Cerceda, Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid ha vuelto a alegar y denunciar la actuación a favor del expansionismo urbano del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, así como las restricciones que ese Ayuntamiento viene poniendo para conocer la documentación de las actuaciones urbanísticas que está poniendo en marcha y el que se ha saltado en varias ocasiones los plazos y las condiciones de los períodos de información pública», indican en una nota de prensa.

«Este Ayuntamiento viene aplicando una visión expansionista de una normativa urbanística desactualizada e incompleta, las Normas Subsidiarias de 1997, que de seguir adelante implicarían el mayor crecimiento de suelo urbano de toda la Sierra», apunta la asociación.

«El mismo Ayuntamiento elaboró en 2016 un Avance de Plan General que, disfrazado con lenguaje ecologista, en vez de revisar las obsoletas Normas Subsidiarias, pretendía mantener el expansionismo urbano de dichas Normas, sin tener en cuenta que en el municipio predomina un valioso territorio rural, de carácter ganadero fundamentalmente, una nutrida red de vías pecuarias, un paisaje y unas visualizaciones de gran valor y fragilidad, que está situado en la zona de transición del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y que las infraestructuras que existen (por ejemplo la carretera M 607) sufrirían fuertes presiones incrementando su saturación, si se diera la expansión urbana que proponen», lamentan.

Respuesta de la Comunidad de Madrid

«La propia Comunidad de Madrid, emitió dos informes negativos ante ese Avance del PGOU:

• Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 6 de noviembre de 2018.
• Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de noviembre de 2018, por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Boalo-Cerceda-Mataelpino.

Se trata de dos informes preceptivos y vinculantes (es decir obligatorios para los planes urbanísticos del Ayuntamiento) en los que se rechaza la opción de crecimiento que plantea el Ayuntamiento en su Avance de PGOU y que indican que ese municipio está obligado a optar por el crecimiento cero, procediendo a desclasificar zonas que aparecen como urbanizables en las Normas Subsidiarias de 1997, para devolverlas a su carácter rural y evitar el expansionismo urbano que viene sufriendo ese municipio, que amenaza con unir los tres núcleos que lo componen en un solo e insostenible continuo urbano», dicen Ecologistas en Acción.

«En la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad se hace hincapié en la mayor relevancia de los criterios ambientales, frente a los económicos, en el crecimiento excesivamente expansivo y homogéneo que recogen las Normas Subsidiarias, y en que no se contemplan suficientemente la preservación de elementos naturales, paisajísticos y patrimoniales. Añadiendo que en las Zonas de Transición del Parque Nacional, se debe limitar la capacidad de urbanización para evitar colmataciones, demandas indirectas o presiones sobre las zonas de mayor valor ambiental, forestal o paisajístico», recuerda esta formación.

«A la vez, dicha Resolución plantea la invalidez del argumento de “rellenar las discontinuidades urbanas” y que este argumento no debería animar a su continua expansión y a la creación de nuevas comunicaciones, sino más bien al contrario, señala los incrementos del tráfico vehicular y de los desplazamientos que llevaría la alternativa crecentista y sus impactos contaminadores y de fragmentación del territorio y pérdida de biodiversidad, así como lo impropio del argumento de que con la expansión urbana el Ayuntamiento contaría con recursos económicos para atender las infraestructuras de esa expansión», continúan.

«El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 27 de noviembre de 2018, por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de El Boalo-Cerceda-Mataelpino (BoCeMa), señala defectos de fondo en el Avance de PGOU propuesto por el Ayuntamiento, diciendo, entre otras cosas que el urbanismo de BoCeMa: (…) debe centrarse más en aspectos de “cirugía urbana” en sectores de suelo urbano para la obtención de viviendas (rehabilitando y de densificación sin incremento de edificabilidad si fuera necesario), de equipamientos y servicios, planteando, tanto propuestas de planeamiento como de gestión que posibiliten la creación de dichos espacios y dotaciones. (…) Se estima que en relación con el incremento de población y viviendas, y de la demanda de éstas últimas, que la Alternativa 2 “Crecimiento Cero” y, dentro de ésta, la desclasificación de suelos y sectores no desarrollados en la actualidad, resulta más lógica desde el punto de vista de la estructura del territorio, que la alternativa objeto del informe», relata el colectivo.

«Estas resoluciones del gobierno de la Comunidad de Madrid deberían haber llevado al Ayuntamiento a reelaborar el proyecto de PGOU acogiéndolas y restringiendo así el irracional crecimiento que habían planteado», apuntan desde Ecologistas en Acción.

«Lejos de esto, a pesar de esos informes de la Comunidad de Madrid y de las advertencias de Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de BoCeMa ha optado por dejar de elaborar el PGOU y seguir aplicando ese crecimiento insostenible, a través de modificaciones parciales de las Normas Subsidiarias (Planes Parciales, Modificaciones Puntuales, Estudios de Detalle…) para favorecer la expansión urbana y los intereses de algunos poseedores del suelo. Pero en su celo expansionista no solo están intentando aplicar unas normas obsoletas y contrarias a lo planteado por los propios organismos de la Comunidad de Madrid, sino que incluso están proponiendo urbanizar sectores que las propias Normas Subsidiarias habían aplazado (como a través de la Modificación Puntual del Sector 7º de Cerceda)», continua el escrito.

«Ante esta situación consideramos que en la medida en que el Ayuntamiento no está procediendo a la elaboración de un PGOU que limite esa expansión, que afecta negativamente a los intereses regionales, el gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado, en defensa de esos intereses, a aplicar el artículo 70 de la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, suspendiendo las Normas Subsidiarias e impulsando la redacción de una nueva normativa adaptada a lo que en sus mismos informes ha ido planteando», concluyen los ecologistas.