Colmenarejo vuelve a la casilla de salida: una sentencia reconoce el derecho al debate de la moción de censura presentada por la oposición hace un año

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 30 de Madrid acaba de hacer pública la sentencia sobre la denuncia que los siete concejales de la oposición (PP, Alternativa, Vox y el edil no adscrito) presentaron contra el Decreto de 20 de octubre de la Alcaldía, al rechazar la convocatoria de la Moción de Censura solicitada el 29 de julio de 2021. En su resolución, la juez reconoce “el derecho a que se proceda a la convocatoria de la celebración del Pleno Extraordinario para el debate y votación de la Moción de Censura presentada el día 29 de julio de 2021”.

“Volvemos al punto de partida en el que la situación de desgobierno del Ayuntamiento de Colmenarejo unió a todos los concejales de la oposición en un ejercicio de entendimiento para buscar solución a una situación caótica”, señalan desde el PP.

“Ha sido casi un año de espera, confiando en que al final la justicia nos daría la razón y lamentando no haber podido llevar a cabo antes el tan necesario cambio que Colmenarejo demanda. Si todo sigue su curso el Pleno Extraordinario para el debate y aprobación de la Moción de Censura deberá convocarse dentro de los diez días hábiles siguientes”, explican los populares en un comunicado.

Alternativa por Colmenarejo afirma que esta sentencia viene a confirmar que la moción de censura  fue “bloqueada de forma ilegal, vulnerando el derecho de los siete concejales reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española”.

“Han sido muchos meses los que hemos tenido que esperar para ver esta sentencia y esperemos que sean muchos más los años que tengamos que esperar a ver a cualquiera de los miembros de este equipo de Gobierno (PSOE, VeciColme y Podemos) nuevamente gestionando este municipio”, indican desde AxC, que en su comunicado afirma que “no podemos olvidar a Marga Cuervo (Unidas-Podemos), que ha cesado recientemente y que ha formado parte de este equipo de Gobierno asumiendo -sin ninguna limitación- su estilo y líneas de actuación, y al concejal tránsfuga Juan José Díaz, expulsado de Ciudadanos, sobre el que pesa una denuncia -junto a la alcaldesa- por presunto delito de prevaricación por haber ocupado cargo y cobrar retribuciones de forma presuntamente ilegal por su condición de tránsfuga”. “Esperamos que, en un plazo razonable, la Justicia también emita sentencia y el tiempo ponga a cada persona en su sitio”, mantienen.

El papel del secretario

Alternativa -que por otra parte ya anunció que no se presentaría a las elecciones municipales de 2023, mientras sus concejales se sitúan en la órbita de Más Madrid- mantiene que de la sentencia se deduce que los ediles del Ejecutivo “han estado ocupando cargos retribuidos de forma ilegítima durante casi un año y con la agravante que todos ellos sabían que el boicot a la celebración del acto de la moción de censura era ilegal, para lo que, además, han contado con la presunta complicidad del secretario del Ayuntamiento, cuyos informes les han servido de respaldo”. “No es creíble que un habilitado nacional ignore las más elementales normas del Régimen Electoral General y las de Régimen Local; aseguran, preguntándose “a ver a qué nueva excusa echan mano en esta ocasión para impedir la ejecución de la sentencia por vulneración de Derechos Fundamentales”.

“El tiempo lo dirá, pero ahora lo que procede es el cumplimiento de la sentencia convocando la sesión para votar la moción de censura puesta el pasado 29 de julio de 2021 tal como recoge el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General”, concluyen.

Los siete ediles de la oposición que presentaron la moción de censura en julio de 2021

Okupas

“Como siempre, pensaron antes en sus sillones y en sus sueldos que en el pueblo”, añadían desde Vox, que compartió en sus redes este mismo comunicado, al igual que el concejal no adscrito Jesús Castro, que nuevamente señala que no es un tránsfuga, de modo que tiene “todas las garantías para firmar una moción de censura”. “Los okupas tienen que abandonar el Ayuntamiento de Colomenarejo”, añadía, pidiendo la dimisión de la regidora.

“Normalmente, un alcalde no puede dimitir al serle presentada una moción de censura. Yo le diría a Miriam Polo que dimita y acepte la decisión judicial. Si el PSOE de Madrid es un partido serio y Juan Lobato quiere ser el próximo presidente de la Comunidad, debe pedirle a Miriam Polo que acate la decisión judicial y dimita”, subrayaba Castro, que formó parte de la candidatura del PSOE en 2019, si bien cuando tomó posesión de su acta, en julio de 2021, indicó de forma expresa que no se integraría en el grupo municipal socialista, permaneciendo como no adscrito.

“Solo queda confiar en que el secretario en acumulación del Ayuntamiento haga su trabajo y convoque según dicta el juzgado el pleno de moción de censura, que debía haber convocado hace un año. Esperemos que no invente una nueva excusa, sería ya evidente y muy significativo”, finalizaba.

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