Consecuencias del fallo del Constitucional sobre la Plusvalía: Las Rozas dejará de ingresar 15 millones; Collado Villalba, 4, y Torrelodones, 3

«Es un varapalo importante para todos los ayuntamientos, da igual del signo político que sean». Con estas palabras la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, comenzaba la valoración que ha hecho junto a la concejala de Hacienda, Yolanda Martínez, tras el fallo del Tribunal Constitucional que anula la fórmula actual de cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como Plusvalía). El fallo del Tribunal declara inconstitucionales y nulos tres apartados del artículo 107 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible de este tributo.

En el caso villalbino, las arcas municipales dejarán de ingresar unos 4 millones de euros al año (de un presupuesto que alcanza los 48 millones); cantidad similar estima el alcalde de Torrelodones, Alfredo García Plata, que deberán reducir de su presupuesto anual, cercano a los 26 millones. En Las Rozas, esta cifra se eleva a los 15 millones (sus cuentas rondan los 138 millones de euros), lo que ha llevado a su regidor, José de la Uz, a calificar la situación como «catastrófica».

El presupuesto para 2022… en el aire

Por su parte, Mariola Vargas ha señalado que esta merma de ingresos va a afectar severamente a los presupuestos municipales, inversiones que van directamente a sufragar los servicios fundamentales que se prestan a los ciudadanos. “El importe, por poner un ejemplo, equivaldría a dejar sin pagar el servicio de mantenimiento de parques y jardines”, ha asegurado.

En este sentido, la responsable de Hacienda en Collado Villalba ha asegurado que «el proceso de los presupuestos para 2022 estaba bastante avanzado y este fallo supone un frenazo y tener que retroceder». Yolanda Martínez, además, ha subrayado que «hay que ver cómo influye en el equilibrio presupuestario».

García Plata ha reconocido que aunque Torrelodones «no es uno de los municipios más afectados»,  «la paliza que llevamos para elaborar el presupuesto de 2022 y ahora no sabemos si vamos a tener que prorrogarlos o vamos a poder aprobarlos teniendo en cuenta el modelo de sostenibilidad de ingresos y gastos».

Y es que la Plusvalía es el segundo ingreso tributario para las arcas municipales -por detrás del IBI- y supone entre un 10 y un 15 por ciento de los ingresos que recibe un ayuntamiento. Algunas fuentes han calculado que solo en la Comunidad de Madrid se podrían dejar de recibir unos 600 millones de euros.

Compensación

Por ello, Vargas ha reclamado “seguridad jurídica a los contribuyentes a la hora de liquidar un impuesto que se ha declarado inconstitucional” y ha solicitado “al Ministerio de Hacienda una compensación económica por este tributo», sugiriendo que podría ser la ampliación de la cadencia de los préstamos unificados a los que se acogió el Consistorio villalbino en 2018 y que habría que empezar a amortizar en 2022. «Vamos a pedir una cita con la Secretaría del Ministerio de Hacienda».

Aunque ayer se conocía el fallo del Tribunal Constitucional, la sentencia puede tardar algún día más «y tendremos que esperar para ver si seguimos cobrando, si los vecinos pueden reclamar, qué pasa con los que han liquidado el impuesto pero no lo han abonado… está todo en el aire y podría ser peor si hubiera que devolver las plusvalías que han pagado ya los vecinos».

Mariola Vargas ha anunciado que se ha convocado una reunión urgente de la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias para tratar este asunto.

La alcaldesa ha calificado de “inactividad y pasividad” la gestión del Gobierno de la Nación, que no ha modificado las reglas del cálculo de este impuesto cuando el Tribunal Constitucional ya venía advirtiendo de irregularidades con el pronunciamiento de diversas sentencias desde hace años. De hecho este fallo complementa varias sentencias fechadas en 2017.

700.000 euros en San Lorenzo

También se ha pronunciado sobre este tema la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, que esta mañana presentaba el nuevo contrato de parques y jardines. «Hay que esperar a ver el contenido y la literalidad de la sentencia, para ver en qué supuestos no se podrá aplicar», señalaba la regidora, recordando que «ya había habido una sentencia previa del Tribunal Constitucional que limitaba la tramitación de la plusvalía, evitando girar el impuesto municipal a aquellas ventas en las que no hubiese incremento de valor». «Eso ya había supuesto un detrimento del ingreso por este concepto», indicaba.

En cuanto a la manera en que esta resolución pueda afectar a los presupuestos del próximo ejercicio, López Esteban explicaba que habrá que «tener en cuenta la visión de los técnicos, en este caso del interventor, y seremos prudentes a la hora de contemplar los ingresos por concepto de plusvalía».

En declaraciones recogidas por Aquí en la Sierra, la alcaldesa sanlorentina detallaba que «el ingreso presupuestado el año pasado estaba en el entorno de los 700.000 euros, si bien hay muchas plusvalías que ya no estaban siendo giradas porque no existía incremento de valor en la compraventa». Ahora, añadía, de cara a las cuentas de 2022 «iremos a una previsión lo más prudente posible, en función también de lo que arroje la liquidación de 2021, ajustándonos a la realidad todo lo posible para que no tengamos un desfase presupuestario el próximo ejercicio».