Piden la suspensión de un desalojo en una finca de Cantos Altos de Collado Villalba donde viven cuatro familias, una con una mujer embarazada y un menor
Miembros de la candidatura de Unidas Podemos de Collado Villalba y un grupo de vecinos se han concentrado a las puertas de la sucursal bancaria de Cajamar (calle Real) para pedir la suspensión «del desalojo sobre una finca de su propiedad, en la zona de Cantos Altos, que tiene abandonada desde hace al menos una década» y donde están viviendo al menos cuatro familias», ha explicado Alerce Fernández, miembro de la lista de esta formación y actual edil de Cambiemos Villalba. El desalojo, según Fernández, está previsto para el 20 de mayo.
Entre los afectados, «hay una mujer en un avanzado estado de gestación -sale de cuentas la próxima semana- y tiene un hijo menor de 7 años, escolarizado en Villalba; si los echan a la calle, posiblemente no pueda continuar sus estudios», ha lamentado el concejal.
El objetivo de la concentración es «negociar con Cajamar para que trate de dar una solución habitacional a estar personas, que están en exclusión total, que son muy vulnerables por la situación económica que tienen y que no tienen dónde irse. Si les echan el 20 de mayo se verán en la calle y se creará una situación de conflicto social y de precariedad que con esta urgencia no es posible abordar».
Hasta el momento, las personas que se han desplazado hasta la sucursal, han podido entregarles un escrito «indicando todas estas circunstancias; que estamos muy preocupados, sobre todo por la situación de la mujer embarazada y de su hijo menor y de la condición en la que quedarían si los echan a la calle».
Por su parte, la sucursal bancaria ha puesto la situación en conocimiento de instancias superiores y se han comprometido a dar respuesta en los próximos días.
Además, «tenemos abierta la vía judicial, para intentar pararlo, por la vía administrativa y política. Y si la negociación no da frutos y no conseguimos que esto se paralice, tendremos que emprender otro tipo de acciones para evitar que estas familias vulnerables queden desprotegidos ante la inacción de las instituciones».