El PP de Collado Villalba se queda solo al intentar aprobar las normas reguladoras de ayudas a familias que repartirían 4 millones de euros semanas después de las elecciones

Tan solo los seis ediles del Partido Popular de Collado Villalba y la edil no adscrita, Diana Barrantes, apoyaron en el Pleno ordinario de noviembre, celebrado en la tarde de ayer, las normas reguladoras de ayudas a familias, para paliar los efectos negativos de la inflación y los altos precios de la energía. Se trata de una medida propuesta desde el área de Desarrollo Local -no de Servicios Sociales– dotada de 4 millones de euros que se haría efectiva tan solo unas semanas después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Según un estudio elaborado desde el Centro de Iniciativas Municipales, estas ayudas llegarían a 7.000 familias cuyos ingresos oscilan entre los 15.000 (si es de un solo miembro) y 40.000 (de tres o más miembros) euros brutos al año. Al tratarse de un sistema de prorrateo en función del número de solicitantes y del número de puntos obtenidos por cada uno de ellos, el importe económico no se podía determinar a priori. Si bien, según cálculos técnicos, una familia numerosa con la máxima puntuación, según baremo, podría tener una ayuda mínima de unos 800 euros y máxima de aproximadamente 2.200.

La alcaldesa, Mariola Vargas, en el Pleno de ayer 

Todos los grupos de la oposición (PSOE, Unidas por Collado Villalba, MCV Corazón Villalbino, Vox y Más Madrid) votaron en contra, mientras que Ciudadanos, socio de gobierno de los populares, se abstuvo alegando «la insuficiencia de los informes jurídicos y técnicos» necesarios, lo que podría suponer que su anulación posterior, entre ellos la ausencia de un Plan Estratégico, algo que exige la ley para poder repartir estas ayudas y sobre lo que hay jurisprudencia, según manifestaron desde este grupo. Además, el portavoz de la formación naranja, Bernardo Arroyo, apuntó que esos 4 millones de euros procederían del remanente de tesorería que surgiría una vez que se liquidase el presupuesto de este año.

«Nosotros tenemos competencia en relación a la atención inmediata a personas en riego de exclusión social, no los que están en un umbral cercano a la exclusión. Estamos aprobando cosas que no tenemos marco jurídico para aprobarlas«, explicó el también primer teniente de alcalde y concejal de Contratación.

El concejal de Desarrollo Local, Adan Martínez (izquierda), y el edil de Contratación, Bernardo Arroyo, en la sesión plenaria de ayer

La alcaldesa, Mariola Vargas, ha calificado este hecho de “decepcionante”, y ha señalado que “una vez más los intereses partidistas y electoralistas de la oposición están por encima de los intereses de los vecinos. Es una pena”. Vargas ha señalado que estas ayudas iban a ir destinadas a “aquellas familias que peor lo están pasando y que les permitirían sufragar parte de los servicios y productos básicos de su vida habitual”, un complemento de las prestaciones que se están concediendo desde Servicios Sociales, ampliando el nivel de protección a ciudadanos que no están catalogados de Emergencia Social o Especial Necesidad, que son familias de nivel económico medio y que actualmente con la subida de precios no llegan a final de mes.

Parte del grupo municipal socialista, en el Pleno de ayer

En los presupuestos de 2022 aprobados hace unos meses se destinaron 324.000 para emergencia social, 74.000 euros para inserción social y 60.000 euros para prestaciones básicas para jóvenes en situación de vulnerabilidad; en total 460.000 euros para ayuda social, cifra «desproporcionda» según algunos ediles de la oposición en comparación con estos 4 millones de euros.

Compra de votos

El Partido Socialista habló de «unas bases ilegales» y con “tufillo” claro a compra de votos, asegurando que no irían destinadas a las personas más vulnerables del municipio, sino a aquellas personas que ya tienen ingresos. La concejala socialista Nuria Gómez justificó en su intervención el voto en contra a esta subvención electoralista, señalando que esta partida debería ir destinada a la Concejalía de Servicios Sociales y no a la de Desarrollo Local. «Debería ir dirigida a las personas que más lo necesitan y no a los que ya tienen ingresos», enfatizó.

Los concejales de MCV Corazón Villalbino, ayer

Vox, a través de su portavoz, Ana de Dompablo, calificó la propuesta de «al menos sorprendente», ya que «seríamos el primer municipio de España que regalaría dinero, 4 millones de euros a cinco meses de un encuentro electoral», lo que podría provocar «un efecto llamada«. «Utilizando el refranero español, se podría decir Votos para hoy, hambre para mañana«.

Desde MCV Corazón Villalbino, su concejal Roberto Oliver apuntó como escasos los requisitos para solicitar a la ayuda, entre ellos que solo sea necesario entregar la Declaración de la Renta, y consideró inusual que no haya que justificar el destino de las ayudas: «Es un cheque en blanco». «Si se aprueban estas ayudas, más de uno pensará que la campaña electoral del PP para las próximas elecciones municipales va a estar financiada con cargo al remanente de tesorería. Esto no es ayudar, es comprar votos a la desesperada», manifestó.

Alerce Fernández, portavoz de Unidas por Collado Villalba, volvió a subrayar que este acuerdo sería fácilmente anulable, ya que el Ayuntamiento carece de Plan de Subvenciones y se preguntó la razón de traer este punto al Pleno. «Será porque el concejal de Desarrollo Local quería tener su propuesta estrella de cara a las elecciones, pasando por encima a la concejala de Servicios Sociales y ahora tener la oportunidad de dar la noticia de que la malvada oposición no les deja aprobar 4 millones en subvenciones a seis meses de las elecciones. Solo para tener un efecto mediático y electoral».

El grupo de Unidas por Collado Villalba

Gonzalo Díaz, portavoz de Más Madrid, hizo referencia a la posibilidad de nulidad, al saltarse varias leyes y ordenanzas municipales, ya que no se pueden dar subvenciones a personas físicas, sino ayudas a través de Servicios Sociales. «Es una falta de respeto a los vecinos en riesgo o en exclusión social y un despilfarro de dinero público. Saben que no hay recursos humanos ni técnicos, ni proceso establecido ni aplicación informática para canalizar entre 1.500 y 8.000 solicitudes». «Esto es una vergüenza, una compra de votos por parte del Partido Popular, además de ser ilegal», afirmó.

Requisitos y ayudas

Las personas beneficiadas deberían cumplir los requisitos de estar empadronados en Collado Villalba durante al menos dos años anteriores a la finalización del plazo de solicitudes de las ayudas, y no superar una determinada renta bruta anual en función del número de miembros de la unidad familiar: si es de un miembro la renta bruta anual no puede ser superior a 15.000 euros; si son dos, el tope es de 21.000 euros; y si la unidad familiar está compuesta por tres o más miembros el límite de renta sería de 40.000 euros.

Las dos representantes de Vox, en el Pleno de ayer

El concejal del Área, Adan Martínez, ha señalado que “dada la orientación que tienen las ayudas, se valorarían requisitos para favorecer a las familias con mayores cargas, situaciones de desempleo, miembros con discapacidad, si la vivienda habitual es alquilada o tiene hipoteca, factores que finalmente determinarían el importe económico a percibir por el solicitante en función de sus necesidades”.

Para una unidad familiar de cuatro miembros, la ayuda mínima podría rondar los 600 euros y una máxima, según el caso, de hasta 1.600. Si es de tres miembros, la ayuda mínima podría rondar los 400 euros y una máxima de hasta 1.200 euros. Y si la persona vive sola, la ayuda mínima podría haber sido de 180 euros y la máxima aproximadamente de 400.

El portavoz de Más Collado Villalba, Gonzalo Díaz

Para poder llevar a cabo este reparto de ayudas, antes de la convocatoria, sería necesario tanto el informe favorable y preceptivo de no duplicidad de competencias de la Comunidad de Madrid como el del Ministerio de Hacienda sobre sostenibilidad financiera, así como el del periodo medio de pago a proveedores, el que aclare que no es una competencia impropia del Ayuntamiento y uno de Intervención que determine que esto no genera inestabilidad en las cuentas municipales.

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