La Guardia Civil tiene constancia de al menos 73 viviendas «okupadas» ilegalmente en la Sierra, 20 de ellas en Collado Villalba y 14 en Galapagar
La Comunidad de Madrid tiene un total de 3.994 viviendas okupadas ilegalmente a fecha de 15 de octubre, de las cuales la mayoría se encuentran en la capital, con 2.521 inmuebles usurpados. Así lo ha señalado la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, durante la reunión con la Federación de Municipios Madrileña de Municipios para analizar la situación de la “okupación” de viviendas. El presidente de la FMM y alcalde de Arganda, Guillermo Hita, y Dancausa han detallado que en el marco de la reunión se ha explicado que un 25 por ciento de los casos de “okupación” corresponden a situaciones de carácter social, que son derivados a Servicios Sociales.
Hita ha indicado que el resto de situaciones responde a diversas tipologías, entre la que se encuentra lo que se conoce como ‘mafias’. Dancausa ha explicado que se ha puesto de manifiesto la existencia de personas que “okupan” cuatro o cinco inmuebles para alquilarlos o incluso tratar de venderlos posteriormente.
De esas casi 4.000 viviendas, el 70 por ciento (2.521) están en la capital y los distritos más afectados por las ocupaciones ilegales son Usera (504), Puente de Vallecas (438), Carabanchel (256) y Villa de Vallecas (214).
En el ámbito de actuación de la Guardia Civil, existen 353 viviendas ocupadas ilegalmente, siendo la cuarta compañía de Alcalá de Henares, la que registra una incidencia mayor de este problema en su ámbito de actuación con 165 viviendas, de las que 46 se sitúan en Mejorada del Campo, 38 en Arganda del Rey, 22 en Rivas-Vaciamadrid y 14 en Nuevo Baztán.
A continuación, se situaría la primera compañía de San Lorenzo del Escorial con 73 ocupaciones registradas, 20 en el municipio de Galapagar y 14 en Collado Villalba. Por último, la segunda compañía de Getafe registra 47 casos, 15 de ellos en la localidad de Casarrubuelos.
Desde abril de 2016 se ha identificado a 3.731 personas. Respecto a las características de los “okupas”, más de la mitad de los identificados tenían antecedentes y el 30 por ciento están en situación irregular. El 84 por ciento son extranjeros proceden de República Dominicana, Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia. También desde esa fecha se han realizado 615 juicios rápidos, que han permitido recuperar 1.335 viviendas, de las cuales 953 se han liberado este año.
Dancausa ha detallado que el fenómeno de la “okupación” ilegal es una práctica que se «tiene que terminar» porque genera un problema de seguridad y de convivencia vecinal. En este sentido, ha insistido en la necesidad de denunciar cuanto antes para poder actuar «con la mayor celeridad, ya que cuanto menor tiempo estén ocupados los inmuebles más rápida puede ser la actuación y menos inseguridad y conflictos tendrán que sufrir los vecinos».
