El Ayuntamiento de Collado Villalba inicia el procedimiento para sancionar por incumplimiento de contrato a la concesionaria del parking de Honorio Lozano y la alcaldesa dice que «alguien se lucra del dinero del canon»

El Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba ha aprobado por unanimidad el inicio del procedimiento para sancionar a la empresa concesionaria de los aparcamientos subterráneos de Honorio Lozano y de la biblioteca municipal Miguel Hernández por incumplimiento de contrato y da vía libre a la imposición de penalidades en relación a los años 2016 a 2019 (periodo en el que las cuentas permanecen en el Registro Mercantil, aunque solo se pueden reclamar los últimos cuatro años de pagos indebidos).

Este trámite tiene un plazo de realización de tres meses, tras los cuales, las conclusiones en forma de resolución administrativa provisional se llevarán de nuevo al Pleno y posteriormente se presentarán a la concesionaria y si hubiera oposición, al Consejo Consultivo. El resultado podría traducirse en la caducidad de la concesión o en multas para esta empresa. 

«Aquí huele a que cuando se paga el canon alguien está cobrando, alguien se lucra del dinero del canon«, ha acusado la alcaldesa, Mariola Vargas, que ha calificado la obra -que se realizó bajo la Alcaldía del socialista José Pablo González- de «capricho».

El túnel que comunica Honorio Lozano y Batalla de Bailén (atravesando la calle Real) y que alberga estos dos aparcamientos vio la luz en 2005, si embargo hasta 2009 el Consistorio no comenzó a pagar el canon, que supone unos 1.750.000 euros anuales hasta el año 2046. Según ha explicado la regidora, de 2009 a 2017 las facturas «están pagadas por sentencia judicial», sin embargo la correspondiente a 2019 fue devuelta por el Ayuntamiento.

Desde 2011 (cuando la Alcaldía la ostentó el popular Agustín Juárez) y hasta 2017 el Ayuntamiento de Collado Villalba se ha opuesto al pago del canon del túnel al haber detectado presuntas irregularidades, interponiendo diversos recursos. Los tribunales ya dieron la razón al Ayuntamiento en 2014 respecto al IVA adicional, que quería cobrar la empresa, lo que supone un ahorro a lo largo de la concesión de alrededor de 13 millones de euros.

Los incumplimientos

Según ha desgranado el concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, «la especificación de las inversiones no coincide con el Plan Económico y Financiero de la concesión; se manda una relación de inversiones que no se ajusta a las facturas presentadas, los ingresos previstos de la explotación de los aparcamientos es un 70% menos de lo estipulado (la ocupación durante estos años solo ha sido del 14 por ciento); las facturas del canon no se acompañan de documentación que acredite que se ha prestado este servicio público; aparecen facturas duplicadas; los gastos de mantenimiento y conservación tampoco se ajustan», a lo que hay que añadir «varios incumplimientos» como la subcontratación de personal a una tercera empresa sin avisar previamente al Ayuntamiento, la cesión de los derechos de cobro a otra entidad o el cierre de la segunda planta del parking.

Así, el también primer teniente de alcalde cifra en un 1,94 por ciento las inversiones exigidas hechas y en un 65 por ciento menos el gasto previsto en el Plan Económico y Financiero.

Además, tanto Vargas como Arroyo han subrayado que el canon incluye la subida del IPC del 2,5 por ciento, cifra invariable según el contrato, «por eso perdimos la sentencia judicial, aunque ganamos la del IVA», ha apuntado la alcaldesa. Si se hubiera revisado el IPC de estos años, supondría unos 730.000 euros a favor de las arcas municipales.

A esto hay que añadir el descuadre de 14 millones de euros que la concesionaria admite como deuda pero sin soporte documental o la inexistencia del fondo de reversión (para la liquidación al finalizar el contrato) en el Plan Económico y Financiero.

Bernardo Arroyo también ha lamentado que la caída grave de la demanda del uso de esta infraestructura no haya ido acompañada de una campaña de promoción -los aparcamientos tienen una ocupación real del 14 por ciento, cifra que ya se baraja en los primeros documentos de la concesión, tal y como ha recordado la alcaldesa-.

Todos estos datos se extraen de sendas auditorías externas, encargadas en noviembre de 2020 y en abril de 2021, referentes al periodo 2015-2019 de la concesión de esta infraestructura.

Todos a una

Todos los grupos municipales han votado a favor de incoar este expediente tras agradecer el trabajo del edil de Ciudadanos Bernardo Arroyo. El portavoz de los socialistas, Vituco Alcolea, ha pedido «que se levanten las alfombras» y que «aunque no se puedan reclamar, se estudien todos los años de la concesión para pedir responsabilidades«, algo en lo que han coincidido la portavoz de Unidas por Collado Villalba, Eva Morata, y el edil de Más Madrid, Gonzalo Díaz.

«Hemos estado pagando por un servicio que no hemos recibido sin que nadie haya preguntado nada y ha habido varios equipos de Gobierno«, ha lamentado Díaz. «Hay que aclarar qué está pasando con esta concesión y depurar responsabilidades». «Con ese dinero podríamos tener un teatro o un polideportivo como el Quique Blas. El sentimiento que tenemos es que nos han engañado».

Por su parte, Morata ha acusado a la alcaldesa de «estar siempre hablando de la ruina que es este contrato» y no haberlo revisado antes «para ver si se puede enmendar de alguna manera».

«Es el contrato más importante que tiene este municipio con las mayores consecuencias dramáticas que nos ha costado la intervención del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo puede ser que a lo largo de 18 años no haya habido un responsable de este contrato a nivel municipal para evitar la irregularidad manifiesta continuada con absoluta impunidad en perjuicio de la credibilidad del Ayuntamiento?», se preguntaba la portavoz de Vox, Ana Isabel de Dompablo.

Además, Vituco Alcolea ha apuntado que bajo el mandado del PP, concretamente de Agustín Juárez, el Ayuntamiento negoció con la empresa concesionaria la gratuidad del uso de los aparcamientos.

Los antecedentes

El Ayuntamiento ya realizó una auditoria externa de 43 páginas en 2017 (con un coste de 18.000 euros), cuando al frente de la Concejalía de Hacienda y Contratación estaba la edil popular María del Mar Gil. «Hubo un amago de empezar a levantar algo, pero esas mismas deficiencias se vuelven a dar en 2020. No ha habido ningún control y la empresa ha seguido haciendo lo que ha querido«, ha dicho Eva Morata.

Resumen incumplimientos que ponen de manifiesto las auditorías:

· Incumplimiento por la concesionaria de las inversiones previstas en el Plan Económico Financiero de la concesión en periodo analizado 2015/2019 (Diferencia -742.030 euros, es decir, se ha invertido únicamente un 1,94 por ciento de lo exigido).

· Incumplimiento por la concesionaria del gasto de mantenimiento y conservación realizado en comparación con el previsto en el Plan Económico Financiero de la Concesión en periodo analizado 2015/2019 (Diferencia -423.653 Euros, es decir hay un incumplimiento del 65 por ciento de lo previsto).

· El capital social de la concesión no presenta el mínimo en función de la inversión según el Pliego de Condiciones Administrativas particulares.

· Presentación de documentación inexacta del soporte de las inversiones realizadas a solicitud de información por el Ayuntamiento.

· Se ha subcontratado todo el personal a la sociedad dominante sin seguir lo indicado en el artículo 115 del TRLCAP, al no comunicarlo previamente a la Administración.

· La contabilidad de la concesionaria no muestra el Fondo de Reversión como se exige.

· Se ha mantenido fuera de explotación durante años toda una planta del aparcamiento de Honorio Lozano.

La auditoría de 23 de abril pone asimismo de manifiesto que aprecia una desviación del canon que correspondería abonar como consecuencia de la diferencia de lo previsto en el Plan Económico y Financiero y la realidad económica manifestada en las cuentas anuales de la concesionaria que suponen un exceso de 3.792.943 Euros. Lo que evidencia un desequilibrio económico de la concesión en perjuicio del Ayuntamiento a consecuencia de los incumplimientos de la concesionaria.

Todo ello justifica la elevación de la propuesta a Pleno del expediente de imposición de penalidades que pueden conllevar la caducidad de la concesión, es decir la resolución del contrato, el secuestro y/o la imposición de multas, además de poder imponer multas coercitivas para lograr el cumplimiento de obligaciones.