La familia desalojada del Mío Cid denuncia al concejal de Seguridad de Collado Villalba por no tener orden judicial

Faustina y Manuel, los cabeza de la familia que tuvo que abandonar las aulas prefabricadas del antiguo colegio Mío Cid, en Collado Villalba, el pasado 11 de febrero después de que el Pleno aprobase la recuperación de este espacio municipal para la construcción de un centro de Educación Vial, han presentado esta mañana una denuncia penal contra el concejal de Seguridad, Miguel Aisa.

Tras la actuación de la Policía Local, Faustina, su marido Manuel, con una discapacidad del 54 por ciento, y sus cinco hijos -de 20, 14, 13, 8 y 5 años, también con una minusvalía del 33 por ciento que va en aumento-, abandonaron este espacio, que ocuparon el pasado 7 de diciembre. Era su cuarta ocupación desde su llegada al municipio hace 21 años.

Acompañados por miembros de la Asamblea de Vivienda de Villalba, consideran al edil «el máximo responsable del desalojo que se practicó de forma extrajudicial«, ha señalado Mijaíl, uno de los miembros de este colectivo. «La denuncia es por allanamiento de morada porque la Policía entró bajo las órdenes de Miguel Aisa sin autorización judicial. En un domicilio donde reside una familia no se puede entrar a no ser que se de uno de los tres siguientes supuestos: que haya una autorización judicial, que haya consentimiento de los moradores de la casa o que se esté cometiendo un delito flagrante y no se ha cumplido ninguno de estos tres casos».

«Consideramos que se ha practicado un desalojo ilegal. La recuperación de un bien de dominio público es una cuestión; la entrada de la Policía es una cuestión diferente. El hecho de que el Ayuntamiento pueda recuperar ese bien no significa que pueda entrar a las bravas. Con esto ha demostrado que es el mismo Ayuntamiento que contrató a empresarios del mundo de la desocupación que se caracterizan por allanar moradas por prácticas dudósamente legales que ya están condenando en los juzgados; es el mismo Ayuntamiento que practica un desalojo ilegal semejante al de los matones que contrata», continua Mijaíl.

«Nosotros (la Asamblea de Vivienda de Villalba) ya avisamos, primero con una nota de prensa el 9 de febrero y posteriormente Faustina, que al día siguiente presentó unas alegaciones en el Ayuntamiento en el que se podía de manifiesto que no podían desaloja de aquella manera. Entendemos que el Ayuntamiento ha actuado de manera extrajudicial de manera intencionada. Las razones, deberían de darlas ellos, pero entendemos que tiene mucho que ver con las informaciones que hizo pública la Asamblea de Vivienda en relación a la oficina antiocupación».

Desde este colectivo consideran que la actuación del Consistorio «se ha practicado con una celeridad, con una velocidad jamás vista, no dándole a la persona ni tiempo para buscar otro domicilio, recoger sus cosas…».

«Nos han desahuciado para tenerlas tiradas (las aulas) porque allí no han hecho nada ni ha aparecido nadie», lamenta Faustina, que asegura que lleva «17 años pidiendo una vivienda, pero nunca me han ayudado. Yo no puedo estar toda la vida en casa de mi madre. Ahora estoy allí porque no están, pero en el momento que vengan me tengo que salir porque ellos también son cinco o seis personas también».