El Juzgado de Collado Villalba investiga la licencia para construir una residencia de mayores en Guadarrama tras el recurso presentado por la Fiscalía de Medio Ambiente
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba ha abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia de obras para la edificación de una residencia geriátrica privada en la urbanización Vallefresnos.
En concreto, a raíz de la denuncia interpuesta por la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Vallefresnos, dicho juzgado estima el recurso presentado por la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que se solicita la apertura de diligencias por “(…) la posible perpetración de delito de prevaricación urbanística del artículo 320.1 ó 2 del Código Penal, sea por parte de funcionario o funcionarios que emitieron informe favorable al otorgamiento de licencia en el expediente tramitado para el otorgamiento de licencia de obras para construcción de una residencia geriátrica en las parcelas 83 y 50 de la Urbanización Vallefresnos de la localidad de Guadarrama (…)”.
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba requiere al Ayuntamiento de Guadarrama para que aporte copia completa del expediente tramitado para el otorgamiento de la licencia de obras a Promociones Jeroferna, S.L., la cual fue concedida en marzo de 2019 cuando el Consistorio estaba gobernado por Carmen María Pérez del Molino (APPG), cuyo Ejecutivo defendió en todo momento que el proyecto contaba con todos los informes favorables.
Los vecinos de Vallefresnos denunciaron que el otorgamiento de esta licencia permitiría la tala de cerca de 50 árboles de las parcelas afectadas. Los terrenos cuentan con alrededor de un centenar de árboles con un diámetro basal mayor de 20 centímetros, de los cuales la gran mayoría son fresnos con un mínimo de 50 años y tres son robles centenarios. Dos de estos robles, de 168 y 108 años de antigüedad, fueron extraídos en marzo de 2019 para ser trasplantados.
La Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid prohíbe en su artículo 2 la tala de todos los árboles protegidos por esta normativa: ejemplares de cualquier especie con más de 10 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo. Esta misma Ley regula los casos en que el arbolado se vea, necesariamente, afectado: “… por obras de reparación o reforma de cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras, se procederá a su trasplante”.
Sin embargo, la entidad urbanística de Vallefresnos pone en duda que un negocio privado pudiera ser causa necesaria para la tala de casi 50 árboles protegidos, denunciando en repetidas ocasiones irregularidades en la tramitación de la licencia.
De paralizar el proyecto, advirtió el pasado mes de abril la ya ex regidora, el perjuicio para el conjunto de los vecinos de Guadarrama podría ser enorme, ya que el promotor reclamaría judicialmente los 8 millones en los que está valorada la actuación, más el lucro cesante de la actividad durante 50 años, haciendo un total de entre 30 y 40 millones de euros.
“Estamos hablando de dos parcelas de suelo urbano consolidado que admiten el uso sociosanitario y que a lo largo de los años han pasado de unos propietarios a otros, hasta que el último ha presentado este proyecto para construir una residencia”, indicaba Pérez del Molino. “El Ayuntamiento aquí lo único que hace es informar esa licencia; son los técnicos los que informan de que es viable”, manifestó, recordando que esta problemática se remonta a 2014. “Incluso presentaron varios contenciosos, de los que luego han desistido”, añadía, recordando que el Ayuntamiento pidió un informe a la Comunidad de Madrid, que también resultó favorable.
