El ex alcalde de Guadarrama y Las Rozas, absuelto de un delito de prevaricación por el caso en el que le pedían 9 millones de euros de fianza para cubrir la responsabilidad civil

El Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto al ex alcalde de Las Rozas y Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio, que también llegó a ser viceconsejero en el Gobierno regional, de un delito de prevaricación por la permuta de unos terrenos en Guadarrama Siendo regidor de esta localidad, Fernández Rubio firmó en 2004 un convenio de permuta de unos terrenos en el futuro polígono industrial de la localidad, donde estaba prevista la construcción de un supermercado y una plaza de toros, que quedaría en propiedad del titular de la parcela.

Sin embargo, el acuerdo fue anulado por la ex alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, por posibles irregularidades. A su vez, Fernández Rubio fue denunciado por el propietario de los terrenos, que le acusó de no recibir compensación por parte del Consistorio. La Fiscalía y la acusación le reclamaron diez años de inhabilitación y el Juzgado de Instrucción número 2 de Villalba le impuso una fianza de 9,2 millones de euros.

En la sentencia, fechada el 18 de junio, el juzgado considera que la medida del contrato de 2006 “está justificada”, algo que ya fue recalcado por el interventor.

La resolución recoge que frente a lo que sostienen las acusaciones sobre que las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de las administraciones públicas deben ajustarse a principios de publicidad y concurrencia, entiende que es “posible la no observancia de la regla general argumentada por la acusación en atención a la naturaleza de la operación efectuada”.

En cuanto a las modificaciones de la permuta, el acuerdo realizado por el consejo de administración de la empresa municipal “faculta expresamente al presidente del consejo, José Ignacio Fernández Rubio, para llevar a cabo la firma del contrato aprobado con anterioridad, con las matizaciones que estime convenientes a los intereses de la sociedad”.

“Conforme a lo anteriormente expuesto no puede admitirse que las irregularidades aducidas por las acusaciones del contrato de permuta de 2006 sean inadmisibles o insostenible mediante los cánones interpretativos admitidos en derecho”, añade el texto. Aunque reconoce que aunque algunas interpretaciones “pudieran ser discutibles, las mismas no son de suficiente entidad como para configurar el delito de prevaricación”. Por su parte, fuentes de la acusación particular han señalado que recurrirán esta decisión judicial y que el proceso todavía está abierto,

Una vez conocida la sentencia, el ex alcalde ha cargado contra Ciudadanos por su campaña “política y mediática”, ya que fue vetado por la formación naranja en 2015 tras ganar las elecciones, por lo que acabó renunciando, de modo que tomó el cargo el actual regidor roceño, José de la Uz. “He cumplido mi condena sin ser condenado”, ha manifestado Fernández Rubio, subrayando que esta sentencia tiene que “hacernos reflexionar”, ya que en muchas ocasiones se habla de “imputaciones a los políticos” y se “vulnera el principio de inocencia”. “Cuando salen noticias de que te imputan casi estás condenado”, indicó.

“La condena que se me pedía eran 10 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo público; pues bien, después de cuatro años he cumplido condena de inhabilitación cuando he sido absuelto. Hay una gran injusticia cuando se pide la dimisión por temas administrativos y luego sales absuelto”, subrayó, descartando volver a la política activa, una función que entiende como un “servicio público” que ya prestó.