Tres años y medio de cárcel para el dueño de un bar de El Escorial al que una familia denunció por el ruido
Según informaba este domingo la Cadena SER, la Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto tres años y medio de prisión al dueño de un bar de El Escorial por los ruidos que durante meses afectaron a la familia que vivía en el piso de arriba. La sentencia, que será recurrida ante el Tribunal Supremo, le atribuye un delito medioambiental y le obliga a indemnizar a la familia afectada con un total de 12.000 euros.
El acusado, según figura en la sentencia, se hizo con este bar de la avenida de la Constitución de El Escorial a finales de 2012, regentando el local hasta finales de agosto de 2013. Mientras tanto, según la resolución, esta familia sufrió los ruidos de la música nocturna que superaba ampliamente el límite de 30 decibelios que marcaba la normativa.
El acusado dejó el bar a finales del verano de 2013, cuando «decidió no acometer las obras de insonorización que, según le informaron en el curso de una inspección municipal, requería el local». Los problemas por el ruido venían de muchos años antes, pero durante este tiempo el «insomnio y ansiedad» crónicos que padecía una de las mujeres de la familia agravó sus síntomas «imposibilitando su curación», señala la información de la Cadena SER.
La Audiencia Provincial de Madrid, con el magistrado Mario Pestana como ponente, ha condenado al acusado a tres años y medio de prisión y una multa de 6.480 euros por un delito medioambiental, además de la prohibición de trabajar en el sector de la restauración. También tendrá que indemnizar a los tres vecinos del piso de arriba, miembros de la misma familia, con un total de 12.000 euros.
Los jueces consideran probado que el local generó durante meses «ruidos en horario nocturno que perturbaban la tranquilidad mínima de sus vecinos, impidiéndoles conciliar el sueño». Ruidos que se prolongaron durante meses y conocía «la alta probabilidad de estar impidiendo el sueño de sus vecinos, de perjudicar intensamente su sosiego y su calidad de vida en el ámbito domiciliario». La defensa del entonces dueño del local, termina la información de la SER, ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo, señalando, entre otras cuestiones, que la pena es «desproporcionada».
