El PP de El Boalo denuncia la existencia de facturas «sin justificar» por valor de «más de un millón de euros», mientras el PSOE afirma que se trata de «una cortina de humo electoralista»
A solo unos días de las elecciones municipales, el Partido Popular de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha denunciado las supuestas irregularidades en la gestión deel Ayuntamiento, tras detectar «un incumplimiento reiterado y sistemático de todos los requirimientos establecidos por la ley en lo referente a los contratos del sector público». En concreto, señaló el candidato del PP, Raúl Rero -acompañado en rueda de prensa por el número dos, Sergio Yunquera-, se trataría de «facturas sin justificar» por un importe total de más de un millón de euros.
Rero explicó que hay 46 informes de diferentes interventores municipales que advierten de «la falta de control administrativo de un gran número de facturas destinadas a realizar pagos de obras y servicios públicos». Estos casos, explicaron, corresponden a los años 2017 y 2018, mostrando su convencimiento de que estas prácticas se podrían extender al resto de la legislatura.
El grupo municipal del PP indicó que han presentado centro denuncias contra el alcalde, Javier de los Nietos (PSOE), y el resto de formaciones que forman parte de su equipo de Gobierno (Juntos por El Boalo, Soy Vecino y BCM En Común, que estuvo en el Ejecutivo hasta septiembre de 2018), por «prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y dejación de funciones». Sin embargo, las denuncias no se han presentado en los juzgados correspondientes, sino ante otro tipo de organismos (Tribunal de Cuentas, Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Administración Local, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno).
Atendiendo a esta situación, los populares acusan al regidor de «falta de transparencia en la contratación pública, ignorando los contenidos y términos emitidos de forma reiterada por la intervención municipal». El PP detalla que entre la documentación a la que han podido tener acceso («algo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas», subrayaron), figuran facturas correspondientes a la Concejalía de Obras y Servicios, contrataciones de Personal y del área de Festejos, considerando «inaceptables» estos hechos y pidiendo la «dimisión inmediata del alcalde y todo su equipo de Gobierno».
«El grupo municipal del PP tiene la obligación de defender los intereses vecinales y, en este sentido, instar a que se sancione, con las responsabilidades a que hubiera lugar, cualquier acto de corrupción que pudiera haberse producido», afirman en un comunicado, negando que se trate de una «acción politizada».
El PSOE contraataca: «El PP no está en condiciones de pedir la dimisión de nadie»
Ante esta denuncia, el PSOE ha rechazado «rotundamente» las «acusaciones y declaraciones de los candidatos del Partido Popular» sobre la gestión económica en el Consistorio. Estas denuncias, indican, «son una cortina de humo claramente electoralista, después de ocho años sin hacer su labor de oposición, para esconder el procedimiento abierto por la Fiscalía Anticorrupción» contra la ex alcaldesa, Carmen Díaz Carralón y los ediles de su gobierno, «por las que se les piden responsabilidades patrimoniales e inhabilitaciones». «la causa sigue abierta y se continúa investigando y los ediles siguen prestando declaración ante la Justicia». En estas circunstancias «tan bochornosas», añaden los socialistas, «el Partido Popular no está en condiciones de pedir la dimisión de nadie».
Además, el PSOE asegura que estos hechos han provocado la ruptura del PP en varios grupos independientes, encontrándose «más debilitado que nunca», por lo que considera que esta denuncia es una maniobra para «intentar justificarse ante sus posibles votantes». La gestión económica, manifiestan, «está fiscalizada por funcionarios nacionales habilitados». «De dichos informes se da cuenta públicamente al pleno», explican, además de trasladarse a la Dirección General de la Administración Local, la Cámara de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y con remanente de tesorería positivo.
«Lamentamos que, una vez más, la campaña de los partidos de la derecha, se base en falsas acusaciones, en generar miedo y desconfianza, en lugar de competir con proyectos de futuro que respondan a las necesidades vecinales para que nadie se quede atrás en nuestros pueblos», concluyeron.
En la misma línea se han pronunciado desde Juntos por El Boalo (JPB), uno de los partidos que forman parte del Gobierno, asegurando que se trata de «maniobras difamatorias y electoralistas, más aún cuando provienen del partido sobre cuyos representantes pesan varias causas abiertas con la justicia por graves irregularidades y delitos, aún sin resolver».
