La alcaldesa de Guadarrama, decidida a seguir adelante con la licencia para construir una residencia en Vallefresnos: «No voy a dar marcha atrás»

«No seamos hipócritas», señala Carmen María Pérez del Molino, recordando que el desarrollo de la urbanización también supuso la tala de árboles, mientras la presidenta de la Entidad Urbanística, Beatriz Consuegra, acusa al equipo de Gobierno de «defender los intereses del promotor» y no de los vecinos, alertando de los problemas que este equipamiento supondría en temas como los accesos desde la M-614 o la red de saneamiento.

Lejos de acercar posturas, el contencioso que desde hace cinco años mantienen la urbanización Vallefresnos y el Ayuntamiento de Guadarrama por el proyecto para construir una residencia de mayores continúa más abierto que nunca. Mientras la Entidad Urbanística Colaboradora de Conversación (EUCC) rechaza la instalación de este equipamiento por considerar que saturaría las redes de agua y saneamiento, además de denunciar la tala de unos 60 árboles, la alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, se mostró decidida a seguir adelante con la licencia, al contar con los informes favorables tanto de los técnicos municipales como de la Comunidad de Madrid. De paralizar el proyecto, advirtió la regidora, el perjuicio para el conjunto de los vecinos de Guadarrama podría ser enorme, ya que el promotor reclamaría judicialmente los 8 millones en los que está valorada la actuación, más el lucro cesante de la actividad durante 50 años, haciendo un total de entre 30 y 40 millones de euros.

Imagen de la zona donde está prevista la construcción de una residencia de mayores / Fotografías: Paula Navarro y Valeria Gabriel

“Estamos hablando de dos parcelas de suelo urbano consolidado que admiten el uso sociosanitario y que a lo largo de los años han pasado de unos propietarios a otros, hasta que el último ha presentado este proyecto para construir una residencia”, indicaba Pérez del Molino. “El Ayuntamiento aquí lo único que hace es informar esa licencia; son los técnicos los que informan de que es viable”, manifestó, recordando que esta problemática se remonta a 2014. “Incluso presentaron varios contenciosos, de los que luego han desistido”, añadía, recordando que el Ayuntamiento pidió un informe a la Comunidad de Madrid, que también resultó favorable.

“Dicen que no velo por los intereses de las 300 familias de Vallefresnos, pero es que yo tengo que velar no sólo por los intereses de esas familias, sino por los de todos los vecinos de Guadarrama. Y si por esas presiones paralizáramos el proyecto, habría que indemnizar al propietario”, aseguraba, hablando de una cantidad que se situaría entre 40 y 50 millones de euros.

«No seamos hipócritas»

“Alto y claro digo que no tengo ningún interés en este proyecto, sino que es el propietario el que tiene derecho a pedir licencia para una residencia”, subrayaba, para después criticar la “hipocresía” de “llorar ahora por los árboles”. “De los que se han cortado anteriormente nadie ha dicho nada”, manifestaba, mostrando una imagen aérea de 1975 en contraste con la situación actual. Cuestionó también la actitud de la ex concejala del PP Macarena Zuazo, en su momento responsable de Medio Ambiente y que después llegó a formar parte de la candidatura de APPG: “Ahora dice que llora por los árboles y que esa parcela era un fresnedal, pero su padre lo vendió para urbanizar y cogió el dinero; entonces no lloraría tanto. Porque antes también se han cortado árboles, pero luego se ha replantado”, afirmó. En este caso de la residencia, la tala de unos 50 ejemplares se compensaría con la plantación de más de 1.500 fresnos en las vías pecuarias de Guadarrama, explicó la alcaldesa. “Claro que a todos nos duele, pero la ley lo permite”, enfatizó, asegurando tener la conciencia “muy tranquila”: “Nunca he antepuesto mis intereses personales a los de los vecinos”, reiteró.

La alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, este martes en el Ayuntamiento de Guadarrama

Por otra parte, Pérez del Molino señaló que Guadarrama cuenta con numerosas residencias, “muchas de ellas en entidades urbanísticas”, del mismo modo que en otras existen colegios o guarderías. “No seamos hipócritas”, insistió. Y a renglón seguido lanzó un nuevo dardo: “Una de las personas que vino a traer las firmas tiene una residencia en otra entidad urbanística; ¿es que los vecinos de Grandes Valles son distintos y tienen menos derechos que los de Vallefresnos?”. “En cinco años no nos hemos acordado de los árboles y ahora van a la Guardia Civil”, manifestó.

“Yo desde luego no voy a dar marcha atrás, porque no voy a cometer ninguna ilegalidad”, insistió la alcaldesa. “Si piensan que ahora, porque estamos a un mes de las elecciones, me voy a acobardar, es que no me conocen”, indicó.

Al margen de cuestiones urbanísticas, Pérez del Molino destacó que la construcción de la residencia -que tendría unas 200 plazas- supondría la creación de unos 100 puestos de trabajo, y reprocó también a la EUCC Vallefresnos que su rechazo se haya centrado exclusivamente en este equipamiento en concreto. “Tengo claro que es así, porque han luchado ante la Comunidad de Madrid para que se hiciera un colegio, eso está documentado, y con eso no pasaría nada”, afirmaba. “La presidenta de la Entidad Urbanística tiene el expediente completo, así que si hay algo, ¿por qué no van a un contencioso? ¿Por qué han desistido de los dos que han iniciado?”, se preguntaba, añadiendo que no tiene “ningún inconveniente” en reunirse con los vecinos, “con presencia de los técnicos, para que se lo puedan explicar, porque es suelo urbano consolidado, para equipamientos; es lo que dicen nuestras normas urbanísticas, no Carmen María Pérez del Molino”, concluyó.

Arbolado, accesos y red de saneamiento

Tras las declaraciones de la regidora, la presidenta de la Entidad Urbanística de Vallefresnos, Beatriz Consuegra, aseguraba que no iba a “entrar en descalificaciones”. “Cuando alguien recurre a temas personales es que no tiene otros argumentos. Y si dice que defiendo esto porque vivo enfrente, está muy equivocada”, respondía. En cuanto al rechazo de los residentes en la urbanización al proyecto, manifestaba que se encuentran “muy preocupados”. “El arbolado ha sido lo que más ha motivado a los vecinos, pero llevamos desde 2014 denunciando este tema, no sólo por la conservación al medio ambiente, sino por los problemas que provocaría en los accesos o la red de saneamiento”, explicaba, acusando al equipo de Gobierno de haberse “erigido en defensores del promotor”, mientras no se tomaban las “medidas oportunas” para “defender los intereses de los vecinos”.

“Son verdades a medias, porque estamos hablando de dos parcelas dotacionales de la COPLACO [la desaparecida Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, que en los años 70 se encargaba del urbanismo en la región], para uso comercial y escolar”, afirmaba, cuestionando que este suelo urbano se pudiera destinar ahora a la construcción de un equipamiento sociosanitario como es una residencia.

Juez y parte

“El Ayuntamiento tiene que ser juez, no parte”, reiteraba Consuegra, acusando al Consistorio que preside Pérez del Molino de haber hecho “informes a favor de la empresa promotora, cuando tiene que ser ecuánime”. “Es que uno de los técnicos, en un informe, comenta que permitirá interactuar a las dos poblaciones, la de la residencia y la de la urbanización; si eso es una cualidad técnica, que me lo expliquen”, manifestaba.

En cuanto a las redes de agua y saneamiento, aseguraba que el Ayuntamiento de Guadarrama “sabe que es necesario acometer una reforma integral, y que el Canal de Isabel II pide 4 millones de euros; si no, no tiene capacidad para soportar esta densidad de población; es que no tendremos agua para beber, y la solución no puede pasar por la construcción de dos aljibes de ‘x’ capacidad, porque al final esa agua tiene que salir de la misma red”.

Estos problemas, subrayaba, se constatan en distintos “informes de peritos judiciales” que vendrían a confirmar las tesis de la EUCC de que no se ha actuado correctamente. “Mi labor como presidenta de la Entidad Urbanística es velar por la gente que vive en Vallefresnos”, reiteraba. En concreto, son unas 350 familias, “en total alrededor de 2.000 personas, la mayoría empadronadas en Guadarrama”. “Ahora está vendiendo que los vecinos tendrán que pagar a Jeroferna si se paraliza, pero si esto llega a un pleito y se tiene que pagar será porque un juez determina que el Ayuntamiento ha hecho mal las cosas”.

En cuanto a la desistimiento de los contenciosos al que hacía referencia la regidora, Beatriz Consuegra indicaba que se trataba de una cuestión formal: “Nuestro jurista recurrió el informe de la Comunidad de Madrid, pero luego lo retiró porque no se puede presentar un recurso de alzada contra un informe de este tipo, que no era vinculante”.

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