Izquierda Unida exige la renuncia al acta de María del Mar Gil y que el Ayuntamiento solicite su personación como acusación particular en el caso de la operación Térmyca

El portavoz de IU, Ricardo Terrón

Izquierda Unida Collado Villalba exige la renuncia al acta de la concejala investigada María del Mar Gil y que el Ayuntamiento solicite su personación como acusación particular en el caso de la operación Térmyca. “La ex concejala de Hacienda y todavía primera teniente de alcalde se encontraría investigada desde agosto de 2018, una circunstancia que ha sido ocultada por la alcaldesa, Mariola Vargas. Del mismo modo también se encontraría investigado José Ramón López, concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Collado Villalba hasta noviembre de 2015, fecha en la que abandonó su cargo”. Así,  la formación de izquierdas exige la renuncia al acta de concejal de la investigada. Se trata de una decisión personal, pero, en opinión de IU, es una medida necesaria para apartar cualquier tipo de sospecha sobre el funcionamiento del Ayuntamiento.

María del Mar Gil

Según el comunicado remitido por IU, “se trata de una situación similar a la que ya ocurrió a raíz de la “Operación Púnica”, cuando en octubre de 2014 se imputó a otro edil del PP -Alberto Sánchez, ahora concejal no adscrito-, algo que no se hizo público hasta julio de 2015, después de las elecciones municipales de mayo de ese mismo año, y tras filtrase a la prensa parte del sumario del caso. Una vez más, el Partido Popular hace muestra de su falta de transparencia e intenta silenciar sus problemas con la justicia a la oposición y ante la opinión pública”.

Desde 2011, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha suscrito contratos con cinco empresas relacionadas con casos de corrupción, de las cuales dos de ellas están siendo investigadas por la justicia por la adjudicación de contratos en la localidad. Estas investigaciones se han saldado con la detención de Agustín Juárez, ex alcalde de la localidad, y la imputación de otros tres cargos públicos del PP villalbino, denuncian desde Izquierda Unida.

 

Todos conocían su situación desde el 25 de enero

Además, el grupo municipal de IU registró el martes un escrito solicitando información sobre la situación de Gil. En concreto, sobre su pertenencia al grupo del Partido Popular en el Consistorio, su situación dentro del equipo de Gobierno y su situación salarial. El 21 de diciembre pasado, mediante decreto de Alcaldía, se avocaron las competencias de la primera teniente de alcalde. En una reunión de la Comisión Informativa del Área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Collado Villalba, celebrada del 25 de enero de 2019, Mariola Vargas informó a los grupos municipales de que dicha avocación de competencias tenía carácter temporal y que la concejala investigada continuaba cobrando su salario de 59.318 euros anuales. De esta forma, Gil llevaría dos meses percibiendo su retribución como primera teniente de alcalde a pesar de no tener ninguna competencia.

La alcaldesa, Mariola Vargas

Además, Izquierda Unida ha pedido que el Ayuntamiento solicite al Juez la personación como acusación particular en el caso, ya que el Consistorio estaría afectado en caso de confirmarse de que la trama corrupta actuó también en Collado Villalba.

 

Acusación en el Pleno

Durante el Pleno municipal celebrado el pasado viernes, 15 de febrero, se hizo público que Gil, está siendo investigada en el marco de la “Operación Termyca” y que el juez encargado del caso le tomó declaración el pasado 14 de febrero. Se trata de una operación anticorrupción que investiga el amaño de contratos públicos a cambio de supuestos sobornos.

Este caso estalló en julio de 2016 cuando la Guardia Civil detuvo a 11 personas en diferentes puntos de la geografía española e investigó numerosos contratos de ayuntamientos, algunos de la Comunidad de Madrid, como Getafe, Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra, Chinchón y Collado Villalba. De hecho, los agentes del Instituto Armado solicitaron información en esta última localidad sobre la empresa CGI, S.A, investigada dentro de esta operación y adjudicataria en el año 2012 de un contrato para la aplicación de tributos. Pese a todo, el equipo de Gobierno del PP volvió a adjudicar un nuevo contrato a CGI ocho meses después de que estallara el escándalo, en abril de 2017, para la Actualización del Catastro y apoyo técnico al departamento de Inspección Tributaria, contrato que actualmente se encuentra en vigor.