«Los medicamentos: ¿derecho o negocio?»: Este sábado, conferencia en San Lorenzo de dos expertos en salud pública

«Los medicamentos: ¿Derecho humano o negocio?». Este es el título de la conferencia que tendrá lugar este sábado, 9 de febrero (12:00h), en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, con la participación de Fernando Lamata, médico especialista en psiquiatría y experto en salud pública, y Ramón Gálvez, neurólogo y experto en gestión sanitaria. El acto estará presentado y moderado por Amadeo Enríquez, del Colectivo Rousseau, que organiza esta conferencia en colaboración con el Ayuntamiento.

Como introducción al debate, los organizadores presentan este texto:

La Organización Mundial de la Salud considera que una de cada tres personas en el mundo no puede acceder a los medicamentos necesarios para su salud debido a su precio. La imposibilidad de acceso al tratamiento de los enfermos con VIH/Sida motivó una oleada de indignación que generó en julio de 2000 en Durban (Sudáfrica) una fuerte respuesta para conseguir tratamientos asequibles. Para paliar la situación se utilizaron las licencias obligatorias, que permiten a los estados impulsar la fabricación de medicamentos genéricos de productos bajo patente a un precio sensiblemente inferior.

Posteriormente, la alarma se extendió a diferentes tratamientos oncológicos. Se trata de un problema que continúa afectando a  la mayoría de los nuevos productos antitumorales, cuya producción se está multiplicando. En fechas más recientes, el desorbitado precio inicial de los nuevos antivirales para la Hepatitis C mostró de forma contundente la gravedad de la situación sanitaria provocada por los precios fijados  por la industria farmacéutica.

La “barrera del precio”, que ya experimentaban los países de ingresos medios y bajos para tratar diversas enfermedades, se extiende ahora a todos los países y obliga a los sistemas de salud a un gasto tan elevado que pone en riesgo su viabilidad.

En España vivimos la crisis provocada por la limitación del acceso a los nuevos antivirales para la Hepatitis C, debido a los altísimos precios fijados por la industria farmacéutica, lo que provocó una fuerte movilización social .

El actual modelo de patentes  y fijación de precios es el que permite esos precios abusivos. La patente prohíbe copiar la molécula original hasta pasados 20 años, además de otras limitaciones. Se combina además con la fijación libre del precio que se realiza por lo máximo que un paciente o un país están dispuestos a pagar, en una situación de monopolio sin competencia.

El precio se suele justificar desde la industria farmacéutica como forma de recuperar la inversión en investigación y desarrollo empleados para los nuevos fármacos. Sin embargo, los gastos de investigación de las compañías farmacéuticas representan únicamente el 16-17% del total de ventas. No son esos  costes los que justifican los precios sino los cálculos financieros de las empresas farmaceúticas  de lo que pueden obligar a pagar a los pacientes y a las aseguradoras públicas y privadas de cada país por los medicamentos. Por otra parte, la fijación de precios abusivos se puede hacer porque el medicamento está protegido por el uso de la patente (cuando se autorizan medicamentos genéricos, sin la protección de la patente, los precios descienden de una forma sustancial).

Las administraciones públicas deben ser capaces de negociar con la industria farmacéutica para ajustar los precios a los costes reales de fabricación, investigación y desarrollo, manejando datos transparentes y utilizando la posibilidad de establecer licencias obligatorias para aquellos casos donde no exista posibilidad de llegar un acuerdo razonable. Al mismo tiempo desde la Unión Europea se debe explorar la financiación de la I+D de los medicamentos mediante la creación de fondos públicos, plataformas que permitan separar los costes de investigación de los de fabricación.

Sin embargo los altísimos beneficios de la industria farmacéutica, los más altos en el ranking  de beneficio empresarial, hacen difícil estas alternativas para los gobiernos. Es por eso necesario provocar un debate abierto sobre los precios de los medicamentos para conseguir una movilización social que impida la consolidación de un modelo que está provocando serios problemas para la salud y que pone en cuestión la viabilidad de los sistemas sanitarios públicos.