El portavoz del PSOE de Collado Villalba ratifica en el juzgado el escrito de denuncia por prevaricación del anterior Ejecutivo del PP

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Collado Villalba, Juan José Morales, ha acudido esta mañana al juzgado de la localidad para ratificar el escrito que había presentado ante la Fiscalía el pasado mes de enero en el que se denunciaba por prevaricación al anterior equipo de Gobierno del Partido Popular, encabezado por el ex alcalde Agustín Juárez.   Morales, que ha acudido acompañado por el también edil socialista Carlos López Acosta y el abogado del partido, ha respondido a las preguntas formuladas por la jueza en presencia de la fiscal durante unos 15 minutos.  En los próximos días tendrán que pasar por el juzgado el resto de implicados en la denuncia. De momento el caso está bajo secreto de sumario.   Al concluir su declaración, Morales ha señalado que «el Partido Socialista se ha personado como acusación popular».

Contratación de una trabajadora

El grupo municipal socialista de Collado Villalba presentó el 4 de enero una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación que habría cometido el equipo de Gobierno de la anterior legislatura, al aprobar en Pleno la contratación de una trabajadora para el área de Desarrollo Local con la creación de una nueva plaza, la de agente de prospección y dinamización ocupacional.

Tal y como ha explicó en rueda de prensa el portavoz del PSOE “a pesar de los reparos de la interventora, que emitió hasta tres informes desfavorables”, el que fuera alcalde firmó un decreto avalando la contratación y justificando la necesidad y la urgencia de la misma. Sin embargo, según el Plan de Ajuste 2012-2022 al que se sometió el Ayuntamiento impedía la creación de nuevos puestos de trabajo aunque estas se amortizasen (hasta enero de 2016). Pero el Ejecutivo local justificó el acto con “la transformación de una plaza vacante de personal laboral de capataz de la Brigada de Obras -por jubilación- en una plaza de agente de prospección y dinamización ocupacional”, algo que rechazó la interventora al explicar que “en ningún caso se trata de una transformación y sí de la amortización de una plaza vacante y posteriormente la creación de una nueva”.

 

Denuncia a los 14 concejales

“Hemos denunciado a todo el equipo de Gobierno, a los 14 concejales del PP por levantar la mano en el Pleno del 31 de enero de 2013 y aprobar la creación de esta nueva plaza a sabiendas de que estaba mal». Según los socialistas, el Ejecutivo del Partido Popular podrían haber incurrido en alguna de las conductas tipificadas y penadas en los artículos 404 y 405, que incluye penas de inhabilitación de 9 a 15 años para cargo público, de 1 a 3 años de suspensión de cargo público y multas de 3 a 8 meses. “Aunque ahora ya no sean concejales, el voto es personal y son responsables”.

Según la interventora, con esta contratación, el equipo de Gobierno vulneró la Ley de Presupuestos General del Estado de 2012,que impedían la creación de empleo público, y los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que mantenían esa prohibición.

Además, este nuevo puesto no estaría recogido en la RTP (Relación de Puestos de Trabajo, un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y determina sus retribuciones), de los presupuestos de 2013, aprobados el 19 de noviembre de 2012, tan solo diez días antes del primer informe desfavorable de la interventora, fechado el 29 de ese mes, a pesar de que la trabajadora comenzó en su puesto el 18 de noviembre (“la propuesta de contratación no fue objeto de fiscalización previa”, indicó la interventora). Esto implica un quebranto en los principios de la Ley de Acceso a la Función Pública. “Agustín Juárez llegó a identificar en el Pleno a la persona que ocuparía ese puesto mientras se estaba debatiendo su creación”, ha subrayado los socialistas.

Además, tan solo unos meses antes, ha recordado el portavoz del Partido Socialista, que “el Ayuntamiento había hecho un ERE donde se había echado a 39 trabajadores municipales”.