PP, Ciudadanos y AME paralizan el proceso de los presupuestos participativos en San Lorenzo por «chapucero, precipitado y poco transparente»

Nueve minutos duró la parte dispositiva del Pleno celebrado este jueves en San Lorenzo de El Escorial, abordándose asuntos de trámite como la aprobación de dos nuevos puestos de auxiliar de turismo para la oficina municipal, la modificación de precios (actualización con el IPC) de la Escuela Infantil Trébol o las fiestas locales para el próximo año. Sin embargo, el debate se prolongó durante casi tres horas en la moción de urgencia que presentaron de forma conjunta Partido Popular, Ciudadanos y Alternativa Municipal Española, pidiendo la paralización del proceso de los presupuestos participativos, como finalmente se aprobó. Para estas formaciones, el procedimiento que se está llevando a cabo presenta “gravísimas deficiencias”, por lo que reclamaron su suspensión para generar “un nuevo proceso en el que se garantice la participación de todos los grupos de la Corporación y de todos los vecinos que quieran”.

“Vaya por delante”, subrayaron, “que ninguno de los grupos firmantes está en contra de que se elaboren unos presupuestos participativos”, pero sí del “procedimiento, las formas y los tiempos empleados en el actual proceso que se ha puesto en marcha sin contar con la oposición”. El texto aprobado recoge, en primer lugar, la paralización del procedimiento -el día 31 de octubre terminaba el plazo para presentar las propuestas, que se hubiesen defendido y votado el 5 de noviembre en una reunión en la Casa de Cultura-, la oportuna comunicación del mandato del Pleno y que se encargue a la Comisión de Participación la “elaboración del Reglamento de Presupuestos Participativos», que deberá estar listo en los dos primeros meses de 2017. De igual forma, se plantea que los Presupuestos para el próximo ejercicio contemplen una partida de 100.000 euros (la misma cantidad que se manejaba en la denominada “experiencia piloto”) para presupuestos participativos, que en marzo se presenten y voten las propuestas realizadas por los vecinos y que éstas se pongan en marcha a lo largo del próximo año.

Pseudoparticipativo

“Todo este proceso de presupuestos ha sido poco eficaz, no es participativo, ni transparente. Lo que queremos es que haya tiempo suficiente para realizar propuestas, que llegue a todas las personas y colectivos que consideren oportuno participar, tanto en el proceso como en la presentación de propuestas”, manifestó el edil del PP Juan José Blasco, señalando que la concejala de Participación Ciudadana puso en marcha “un proceso que debemos calificar como precipitado, excluyente y discriminatorio». “En la presentación que se hizo el pasado sábado en la Casa de Cultura, el concejal de Valdemorillo que vino a explicar cómo se hizo en este municipio destacó la importancia de incluir a la oposición, mientras que aquí se ha hecho lo contrario, excluir. Es un proceso pseudoparticipativo”, señaló.

“No se nos ha dado oportunidad de participar en la definición y conformación del llamado grupo motor, invitando únicamente a quien le ha parecido oportuno, así lo dijo en una reunión”, prosiguió Blasco, añadiendo que no se ha respetado el acuerdo por el que se consideró oportuno sacar el tema de los presupuestos participativos de la Comisión.
En cuanto al procedimiento, el concejal popular indicó que se el plazo para formular las propuestas era de apenas 10 días, “tiempo que se antoja muy corto para hacer una propuesta sería”. Por otra parte, consideró que “limitar las propuestas a 15.000 euros quizá es acotar demasiado el tipo de las mismas. Supongo que han puesto ese límite porque es contrato menor y podrían aprobarlo en Junta de Gobierno”.
Después, Blasco dedicó buena parte de su intervención a cuestionar la conformación del denominado “grupo motor” del proceso, en un heterodoxo listado en el que aparecen desde Patrimonio Nacional a las peñas romeras, pasando por la Hermandad de San Sebastián, ASLEPYME o Entorno Escorial, además de colectivos “sin representación orgánica”: “Personas que asistieron a asambleas del 15-M, asistentes a conciertos de Yamaoka, personas mayores de Las Casillas, propietarios de perros, personas que frecuentan el bar Peque, Ágora Facebook, Escorial Felino, interesados en la historia o personas influyentes, entre las que están Pedro Martín y don Juan Manuel de Santos, como si no hubiera otras… No me parece serio. Parece un chiste, pero de pésimo gusto”. “Es una chapuza caracterizada por la improvisación”, aseguró, reclamando un “proceso serio, consensuado, estudiado y reglamentado. Es lo que se pide”. “Consensúe, pacte y dialogue. Lo que no se puede justificar es que como es una experiencia piloto, todo vale”, concluyó dirigiéndose a la titular de Participación Ciudadana, María José Santamaria (En Común).

Frustración

Desde Ciudadanos, Víctor Rufo quiso dejar claro que es necesario favorecer “un mejor conocimiento del proceso, porque lo contrario puede generar frustración y desinterés”. “Da la impresión de que se tenía urgencia para decir que nos poníamos a la cabeza de participación ciudadana, pero no puede haber participación si no viene precedida por información completa y veraz”, señaló, insistiendo en la necesidad de contar con un reglamento. “Si no, es una chapuza”, reiteró, afirmando que el proceso se había ocultado a la oposición. “Eso no es transparencia. Parece más un eslogan que una realidad”, indicó.

El portavoz de Alternativa Municipal Española, Carlos Zarco, cuestionó también cómo se ha llevado adelante este proceso, añadiendo que “queda castrada la posibilidad de que lleguen las ideas de quienes no piensan como usted”. “Hemos dejado pasar año y medio y se quiere hacer ahora deprisa”, manifestó, subrayando que “es importante volver a la comisión de participación ciudadana” y recordando que la “representación está en el pleno” y que el encuentro del pasado sábado en la Casa de Cultura “era más una reunión asamblearia”.

Desde el equipo de Gobierno, el portavoz del PSOE, Francisco Herraiz, afirmó que la postura de Ciudadanos entra en contradicción con lo que figuraba en su programa electoral, añadiendo que se ha tratado de que este proceso “esté lo más alejado posible de la política”.

A título personal

La alcaldesa, Blanca Juárez, señaló, en referencia a las quejas de PP, C’s y AME, que “si no están en el grupo motor es porque no quieren, pueden ir como vecino o a título personal, no como político. No veo tal escándalo”. Después, cuestionó también la forma de entender la participación de los ediles que formaban parte de los grupos que presentaban la moción. Además, el concejal de Hacienda, Álvaro Martínez (Vecinos) afirmó que “puede que el proceso sea mejorable, pero es muy bueno dar este primer paso”, acusando a PP, AME y Ciudadanos de “hacer teatro” con este tema y pretender ralentizar su puesta en marcha, como ocurrió meses atrás con los proyectos de inversiones financiadas gracias al superávit.

El representante de Sí Se Puede, Esteban Tettamantti, se mostró completamente a favor del proceso, aunque matizó que los plazos “habían sido cortos”. “Pero creo que se ha hablado de proyecto piloto y entiendo que se pone en práctica con la idea de que se mejore lo que no salga bien”, explicó.

Finalmente, la edil de Participación Ciudadana, María José Santamaría, manifestó que “el verdadero perjuicio sería echarlo para atrás, eso sí generaría frustración. Su crítica se basa en que hay un grupo motor, los plazos y las formas… Pero mi experiencia en la Comisión de Participación ha sido sentir que se redujera a lo estrictamente legal, evitando cualquier espontaneidad”. La información, indicó, “ha sido amplia, incluso se ha puesto en marcha una página web”. “No va a faltar rigor y el proceso sí que está definido”, manifestó, considerando que “no se ha saltado ninguna regla democrática”.

Tras la aprobación de esta moción, el equipo de Gobierno anunciaba el viernes que se ampliaba el plazo para la presentación de propuestas y que estaba abierto a modificar aquellos aspectos de la guía de actuación que fueran mejorables, aunque sin hacer mención a la aprobación de un reglamento -tal como proponían PP, C’s y AME-. Ante esta decisión, el Partido Popular acusaba al Ejecutivo encabezado por Blanca Juárez de no respetar los acuerdos adoptados por mayoría en el Pleno.