Sí Se Puede Galapagar expulsa a la única representante de su grupo municipal e invoca el pacto antitransfuguismo

Sí Se Puede Galapagar (SPG) vive desde hace semanas una extraña situación, hasta el punto de que su única edil, Antonia María Quispe, ha sido expulsada de esta formación (“ha perdido su adscripción, aunque no quiera darse por enterada”, afirma el presidente del partido, Domnolo Gárate, en un escrito remitido al Ayuntamiento a principios de este mismo mes). SPG acusa a la edil de “traicionar el más elemental principio democrático, que es el respeto a la voluntad popular, y vulnerando el derecho a la participación política de los ciudadanos”.

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“Ha utilizado el cargo de concejala para impulsar sus aspiraciones personales, pero no para contribuir a la resolución de los muchos problemas que aquejan a los vecinos de Galapagar”, indican en un comunicado, asegurando que “ha optado por una oposición de pandereta”. Sí Se Puede afirma que el comportamiento de Quispe es “inadmisible”, al tiempo que invoca el pacto antitransfuguismo para pedir su “dimisión inmediata”.

Candidata de Podemos el 20-D

En el acta de la asamblea extraordinaria de SPG en la que se abordó la expulsión de la concejala se indica que ésta, “según sus propias manifestaciones, milita en otro partido político y participa activamente en el mismo”, en referencia a su presencia en Podemos (fue número 13 en la lista al Congreso por Madrid en las elecciones del pasado 20 de diciembre y figura en la web de la formación morada a nivel local, junto a los tres representantes de Cambiemos Galapagar, que fue la candidatura oficialmente apoyada en las municipales por el partido liderado por Pablo Iglesias).

“Sí Se Puede Galapagar siempre ha sido una candidatura municipal independiente de cualquier otro partido, que en ningún momento ha acordado semejante decisión de mezcolanza”, indicaba el partido en el mencionado documento.

Las primeras reacciones ante esta situación han llegado desde el PP, que ha hecho un llamamiento a todos los grupos de la oposición para “velar por el cumplimiento del pacto antitransfuguismo”. “No hay peor ataque a la democracia que no respetar la voluntad de los ciudadanos en las urnas y apoyarse en un concejal tránsfuga para lograr propios intereses partidistas”, añadieron los populares.