El aumento de la vigilancia y las inspecciones reducen a la mitad las denuncias ambientales en la región
La apuesta de la Comunidad de Madrid por una política preventiva para mejorar la conservación del medio ambiente, que combina la concienciación de la sociedad con el incremento de las inspecciones ambientales, la vigilancia de las actividades potencialmente más contaminantes y la aplicación de la legislación, ha permitido reducir a la mitad el número de denuncias ambientales registradas cada año en la región en menos de una década. Así, mientras que en 2007 se formularon un total de 5.534 denuncias y actas de inspección por infracciones en este campo, el pasado año ese número se redujo hasta las 2.416 denuncias.
Estos son algunos de los datos que ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, que, junto a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha asistido a la entrega de dos nuevos vehículos todoterreno y material técnico sufragado por la Comunidad de Madrid a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).
Desde 2001, y a través de un convenio suscrito con el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid entrega anualmente distinto material a este cuerpo de la Guardia Civil con el objetivo de que disponga de los mejores medios para facilitar su labor de defensa y protección del medio ambiente de la región y mejorar la agilidad, eficacia y coordinación de las actuaciones de ambas instituciones en esta materia. En los últimos 15 años, el SEPRONA ha recibido vehículos, material de comunicaciones o dispositivos de fotografía y vídeo por un importe superior a los 750.000 euros.
González Taboada ha querido destacar la magnífica labor que desarrollan los agentes del SEPRONA en la conservación del patrimonio natural de la Comunidad de Madrid y ha subrayado que, de las mencionadas 2.416 denuncias tramitadas en 2015, más del 25% (647) fueron formuladas por este cuerpo de la Benemérita. También ha recordado que, fruto de esta actividad de control y denuncia de actividades perjudiciales para el medio ambiente, el pasado año se registraron 1.886 resoluciones de expedientes sancionadores que dieron lugar a multas por un valor global cercano a los dos millones de euros.
