La ex alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado, condenada por la Audiencia Provincial a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la ex alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado (PP), a siete años de inhabilitación para el ejercicio o empleo de cargo público por un delito de prevaricación administrativa en un proceso de contratación municipal. La sentencia ha sido dictada por la sección número 23 de la Audiencia Provincial, y contra la misma no cabe recurso, por lo que la regidora, actual portavoz del grupo municipal del Partido Popular, en la oposición, ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional.
La denuncia fue presentada en 2011 por la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento alpedreteño, por la contratación «a dedo» de dos trabajadores. El fallo se ha producido tras el recurso interpuesto contra la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid.
«Las deficiencias estructurales de plantilla -o simplemente las vacantes que existan- han de cubrirse por los medios legalmente establecidos, con escrupuloso respeto -como en toda decisión de las Administraciones Públicas- a los principios esenciales inspiradores de su actuación en cada ámbito», señala la resolución judicial. «A juicio de la Sala, todos y cada uno de los elementos definidos jurisprudencialmente como configuradores del delito de prevaricación administra concurren en la contratación enjuiciada tal como se expresa en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida. Por ello, el recurso ha de verse acogido, y cuanto procede es la condena de la acusada como autora de un delito del artículo 404 del Código Penal, en la redacción vigente al momento de comisión de los hechos, sin la sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal», subraya el documento.
«Estamos muy satisfechos por el hecho de que se dé veracidad a las pruebas que aportamos, en lugar de todo el ruido que aportó la alcaldesa en su defensa diciendo que era una manía persecutoria, cuando en realidad eran hechos probados. Ella contrató a dos personas sin ningún procedimiento, saltándose a la torera toda la legislación laboral, y hurtando a la gente que está en el paro el derecho al acceso del empleo público», aseguró la representante de CC OO en el Ayuntamiento, Montserrat Gomís.
Por su parte, la ex alcaldesa ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional para «luchar» por su «honor». «Es un sufrimiento muy grande. Es un gran disgusto. Voy a luchar por mi honor, porque es lo único que tengo. Mi honor y mi dignidad, y si me quitan eso, me quitan todo. Por lo tanto, voy a luchar hasta el último momento. Es insoportable ocho años con este sufrimiento no habiendo hecho nada, y que trámite tras trámite se ha demostrado. Esta injusticia que se ha hecho conmigo, yo me voy a defender», manifestó.
En este sentido, a través de un comunicado, ha asegurado que desde el año 2011 lleva «sufriendo» una «auténtica persecución» por una persona que, «con la excusa» de una contratación por seis meses a dos personas para el departamento de obras -«elegidas por el propio departamento», mantiene Casado-, puso una denuncia «por lo penal, cuando era un tema administrativo, y pasados casi ocho años el sufrimiento no se ha terminado».
Según relata la ex regidora, la denunciante «recurrió una vez más la última sentencia» y el fiscal «se opuso» a que se estimara el recurso. «Aún así, se le estimaron, y hoy se me ha comunicado que la Audiencia Provincial, contraviniendo la doctrina de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos, revoca una sentencia absolutoria cambiándola por otra condenatoria, dejando de lado la opinión del magistrado que presidió el juicio y que escuchó todas las declaraciones de los testigos».
«Ante esta injusticia, voy a recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, ante el Tribunal de Derechos Humanos, por haberse vulnerado mis derechos fundamentales, por lo que estaríamos ante una sentencia que no es firme», concluyó.
