El Tribunal de Cuentas investigará la ejecución del paso inferior bajo la A-6 en Torrelodones tras la denuncia del Partido Popular
El Tribunal de Cuentas, a la vista del escrito presentado por el Partido Popular de Torrelodones, ha acordado remitir toda la documentación a la Sección de Enjuiciamiento a fin de que se lleve a cabo investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del paso inferior bajo la A-6.
El Partido Popular «ejerciendo su obligación de control y fiscalización de la acción de gobierno intentó infructuosamente que el equipo de Gobierno de Torrelodones constituido íntegramente por representantes del partido político Vecinos por Torrelodones diese las explicaciones oportunas en sede plenaria, habiendo realizado hasta once preguntas a la alcaldesa y al concejal de Urbanismo», han dicho los populares en un comunicado.
La obra
La ejecución del Túnel bajo la A6 fue adjudicada a la empresa FCC Construcción S.A., habiendo sido factores determinantes el precio y el plazo de ejecución ofertados. Una vez adjudicada la obra, en el mes de abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales, se firmó el acta de replanteo, y el 16 de abril se publicó el inicio de las obras.
El 20 de abril FCC Construcción S.A. plantea a los responsables del Ayuntamiento la necesidad de realizar un nuevo diseño y cálculo de la estructura completa del paso inferior lo que implicaba la ejecución de un túnel de características diferentes a las licitadas (proyecto modificado). Dada la premura de las elecciones, y ante la eventualidad de tener que sacar una nueva licitación, el Ayuntamiento accedió a la petición de FCC de ejecutar un túnel de diferentes características a las licitadas lo que hubiera debido llevar a una nueva licitación; sin embargo, el Ayuntamiento, en plena campaña electoral, accedió a tramitar la modificación que, en opinión de la peritación de los técnicos que han elaborado el informe ahora admitido por la fiscalía, debía suponer una baja de al menos 400.000 euros.
«Es decir, que el Ayuntamiento adjudica una obra a una constructora en función de unas calidades, unos plazos y unos precios y finalmente la calidad fue inferior, el plazo no se cumplió y el precio debería haberse rebajado. Ante esta situación y sin haber obtenido respuestas satisfactorias, en el ejercicio de su labor de fiscalización el Partido Popular optó por poner en conocimiento de la fiscalía estos hechos por si fueran constitutivos de delito», señalan desde el Partido Popular.