Ecologistas alerta de graves daños medioambientales de la nueva Ley del Suelo

Ecologistas en Acción advierte de los "graves daños medioambientales" de la nueva Ley del Suelo que está tramitando la Asamblea de Madrid, al permitir "nuevos usos en suelos protegidos" que afectarán la biodiversidad regional y al "eliminar la prohibición de construir durante 30 años en suelos quemados". Las formaciones de "valor natural más afectadas están sobretodo en el pie de sierra: las fresnedas, las dehesas, que son zonas fácilmente construibles y que se han perdido durante todos estos años con la expansión urbanística de municipios como Guadarrama, Alpedrete, Los Molinos", según la coordinadora de Ecologistas en Madrid, María Ángeles Nieto.

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Ecologistas en Acción advierte de los “graves daños medioambientales” de la nueva Ley del Suelo que está tramitando la Asamblea de Madrid, al permitir “nuevos usos en suelos protegidos” que afectarán la biodiversidad regional y al “eliminar la prohibición de construir durante 30 años en suelos quemados”.

Las formaciones de “valor natural más afectadas están sobretodo en el pie de sierra: las fresnedas, las dehesas, que son zonas fácilmente construibles y que se han perdido durante todos estos años con la expansión urbanística de municipios como Guadarrama, Alpedrete, Los Molinos”, según la coordinadora de Ecologistas en Madrid, María Ángeles Nieto.

Otras zonas afectadas, también de alto valor ambiental pero “poco valoradas, son las estepas cerealistas, los campos de cultivo de secano, donde habitan aves esteparias”, como la avutarda, el sisón o el cernícalo primilla, especies todas ellas protegidas, añade.

parque nacional 1La transformación del suelo de estas zonas de cultivo en urbano “hace desaparecer sus zonas de cría, no solamente por la urbanización sino por los nuevos usos a los que se abre la mano, al permitir construir por ejemplo un polideportivo, un centro de Protección civil en mitad de un suelo protegido”, detalla Nieto.

Toda esa biodiversidad “se ve afectada directamente, no solamente en la destrucción directa por la construcción, sino por su utilización por las personas, la llamada antropización. Al ir mucha gente, cada vez se va degradando, se pisotea, se destruye la cubierta vegetal”, agrega.

Lo mismo ocurre con la celebración de eventos en fincas protegidas, algunas en zonas como Rascafría, donde se ubica la mayor población de buitre negro de la Comunidad de Madrid, incluida en el catálogo de especies en peligro de extinción.

Al permitir la ley la existencia de estas fincas de eventos, “también aumenta el ruido, el riesgo de incendios, luces, fuegos artificiales. La gente bebe, se tiran colillas, en zonas boscosas como pinares donde pueden producir un incendio”, según Ecologistas.

Otro gran problema de la nueva ley “es el retroceso en la protección de suelos quemados. La ley del suelo actual impide la reclasificación de suelos quemados en un periodo de 30 años y, transcurrido ese periodo, las reclasificaciones tienen que ser autorizadas por la Asamblea de Madrid”, asevera Nieto.

“Esta limitación de los treinta años desaparece en el proyecto de ley, lo que supone una desprotección y, en cierta forma, una incitación. No porque esto vaya a hacer que la gente quiera quemar, pero sí era un freno al objetivo de construir” en esos terrenos porque en tres décadas “no se iba a poder cambiar el uso del suelo. Ahora esa limitación desaparece”, lamenta.

parque nacional 3Es una medida “muy similar” a la que hizo el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en la etapa de Arias Cañete, cuando la Ley de Montes estatal “eliminó en 2015 esta limitación de treinta años”, continúa.

El proyecto de ley autonómica lo que hace es “copiar la ley estatal, trasladar lo que dice la Ley de Montes”, equiparándose a la ley estatal, pese a que la legislación madrileña “es más restrictiva”, según Nieto.

A ello se suma “el retroceso” en materia social, ya que la nueva ley reduce un 20% de media la obligación de las promotoras de entregar terrenos a los ayuntamientos para viviendas sociales y equipamientos públicos, perjudicando especialmente a los municipios pequeños al dejar este porcentaje “a la discreción de lo que acuerden los urbanizadores y el gobierno local”.

De ahí que CCOO, UGT, Ecologistas en Acción, PSOE, Podemos, Equo, IU y la Fravam registraran la semana pasada sendas cartas dirigidas al presidente Ángel Garrido y al portavoz de Ciudadanos (Cs) Ignacio Aguado, en la Asamblea de Madrid, solicitándoles que paralicen la nueva ley, que según los firmantes ha sido “rechazada por 82 ayuntamientos que abarcan al 80% de la población madrileña”.