Sí Se Puede Guadarrama presenta una querella contra la alcaldesa, a la que acusa de obstaculizar su labor de control del equipo de Gobierno

Sí Se Puede Guadarrama ha presentado una querella penal en los Juzgados de Collado Villalba contra la alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino (APPG), por un presunto delito de prevaricación administrativa. En rueda de prensa en el salón de plenos, la portavoz de la formación política, Esperanza Gallut, acompañada entre otros por el también edil Raúl Rodríguez, por el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, y por la portavoz de Izquierda Unida Madrid, Sol Sánchez, ha explicado que la querella se ha presentado por que la situación es “insostenible”, ya que han presentado “cerca de 200 solicitudes” y “solo” les han contestado una en el tiempo que marca el reglamento.

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En la querella plantean el supuesto delito de “prevaricación administrativa continuada”, haciendo referencia al artículo 404 del Código Penal. El abogado de la formación política, Ertlanz Ibarrondo, ha indicado que se han realizado un total de 189 peticiones de documentación o escritos y que “a día de hoy” no se ha dado respuesta a 88, mientras que 100 “se han contestado fuera de plazo” y “solo una en el plazo reglamentario”.

La portavoz del partido, ha indicado que a raíz esta situación obstaculiza su labor de control y fiscalización del Equipo de Gobierno. “Desde el principio la alcaldesa ha tenido una actitud hostil hacia nuestro grupo municipal, pero sobre todo hemos visto una política autoritaria y que ignora el interés general y la transparencia”, ha indicado.

Por su parte, Espinar ha dicho que la alcaldesa tiene una “actitud caciquil” que “imposibilita la labor política” de la oposición. Por ello, ha dicho que la querella es un “aviso” a todos los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en la Sierra, si bien Pérez del Molino no pertenece actualmente al PP, sino que encabeza la formación independiente APPG, encontrándose en muchos casos con el rechazo a las propuestas del Ejecutivo no sólo por parte de Sí Se Puede, sino también del grupo popular. “La transparencia es la mejor vacuna contra la corrupción”, subrayó Ramón Espinar.

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Desde la formación vinculada a Podemos, que cuenta con tres concejales, indicaron que hasta el pasado 20 de abril de 2018 han registrado “cerca de 200 solicitudes”, de las que “el 40 por ciento todavía no fueron entregadas y el 60 por ciento lo hicieron fuera del plazo establecido por LRBRL y con un retraso cercano a los seis meses de media en la entrega de la documentación”, aseguran.

Afirman que “en algunos casos” con la entrega de las actas de las Juntas de Gobierno Local, de los decretos “con 2 a 4 meses de retraso” y “sumándole los 6 meses” se podría estimar que “el control y fiscalización” se realiza con “un retraso de 9 a 12 meses” ya que el 85 por ciento de solicitudes son “en referencia al control y fiscalización” de las acciones del equipo de gobierno local y el “15 por ciento” de las solicitudes “son sobre transparencia y de funcionamiento de la corporación”. Del mismo modo, mantienen que la alcaldesa no les permite “presentar mociones” y que “no se pone en marcha lo que se aprueba en el pleno”.