El Ayuntamiento de El Escorial señala que “nunca ha tenido contrato directo con Gespol”, mientras que Hoyo señala que todo está “dentro de la legalidad”

Fuentes del Ayuntamiento de El Escorial han señalado que hasta el momento no les ha llegado la petición de información dentro de la investigación que se lleva a cabo en en el marco de la “Operación Enredadera”, pero que desde el Consistorio se “colaborará con quien se lo pida”. De este modo, han asegurado que no han tenido “ningún contrato con Gespol” y que se trataba de una aplicación de la Comunidad de Madrid que se ofrecía “de forma gratuita” para la “gestión interna de las sanciones por parte de la Policía Local”. “El Ayuntamiento nunca ha tenido contrato directo con esta empresa, Gespol, ni con Sacyr”, han concluido estas mismas fuentes.

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En el caso de otro de los municipios a los que se ha requerido documentación, el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha realizado los “procedimientos” referentes al contrato de suministro de instalación de cámaras de tráfico, la contratación tributaria y de gestión de la Policía Local y la contratación de apoyo a la gestión recaudatoria dentro de la “legalidad” y “cumpliendo los requisitos exigidos”.

A través de un comunicado, el Consistorio ha querido “despejar cualquier duda” sobre la intervención de la Policía Nacional esta mañana, atendiendo al requerimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona. Así, han explicado que el Ayuntamiento ha procedido a entregar copia de la documentación solicitada a la Policía Nacional, en lo referente a la contratación de suministro de instalación de cámaras de tráfico.

A este respecto, explican que este contrato fue adjudicado en un “procedimiento legal”, denominado como “negociado”, por un importe de 58.000 euros, al que “se invitó a participar a un total de tres empresas”. “Las cámaras de tráfico que se instalaron en Hoyo son para visualizar puntos conflictivos en el municipio”, aclaran.

En este sentido, indican que “precisamente”, la Junta de Gobierno Local, con fecha 2 de febrero de 2018, denegó a la empresa la devolución de la fianza por la “incorrecta ejecución y por incumplimiento de contrato”. Estas fuentes han indicado que la documentación solicitada también se refiere a la contratación de gestión tributaria y de gestión de Policía local. “Este segundo contrato, referido a la gestión para la recaudación de multas, es un contrato menor, adjudicado por 18.000 euros y ajustado a ley”, subrayan. El tercer tipo de documentación solicitada, según el Ayuntamiento, se refiere a la contratación de apoyo a la gestión recaudatoria, y aclaran que “a día de hoy”, está en fase de tramitación “sin que se haya adjudicado a ninguna empresa”. “Este Ayuntamiento ha realizado todos estos procedimientos, dentro de la legalidad y cumpliendo los requisitos exigidos”, concluyen.