“Esto es espantoso, tenemos media bolsa de pañales para 23 ancianos”.- El cierre de la residencia Sierra Kanaima, en Moralzarzal, desde dentro

“Los ancianos están atendidos en las medidas de nuestras posibilidades, pero esto es espantoso”. Así resumía una de las trabajadoras de la residencia privada Sierra Kanaima -propiedad de Sierra Salud S.L. y situada en la calle Juncarejo de Moralzarzal- la situación en que se encuentra este centro, para el que la Comunidad de Madrid ordenó a principios de mes el cierre total durante un año por el reiterado “incumplimiento” de las medidas de vigilancia y cuidado de los mayores, después de que previamente la empresa fuese sancionada hasta en 19 ocasiones, con multas que en total suman casi 300.000 euros.

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La ropa de los residentes se acumula sobre las barandillas, sillones y mobiliario del centro

Ahora, a la espera de que se consume esta medida (la residencia tiene un mes para presentar un recurso, aunque al parecer el cierre ya estaría programado para el 31 de marzo), 23 mayores -todos ellos asistidos en mayor o menor medida- permanecen en el centro en unas condiciones que una de las ocho trabajadoras -con las que se cubren los tres turnos y que no han cobrado los últimos meses- no duda en calificar como “lamentables”. “No están abandonados, porque las auxiliares seguimos aquí y hacemos lo que podemos; cariño no les falta, pero con eso no es suficiente: no tenemos ni un solo esparadrapo, ni algo tan básico como Betadine; es la enfermera del Centro de Salud la que nos trae algunas cosas cuando viene a hacer las curas”, relataba esta trabajadora, que ha preferido no revelar su nombre, en declaraciones a “Aquí en la Sierra”. “Tenemos la ropa colgada en las barandillas y en los radiadores, porque en verano se estropeó la secadora y no se ha arreglado; nos tenemos que apañar con media bolsa de pañales para 23 ancianos, así que están cargados de servilletas y papel higiénico; y sí están comiendo todos los días, pero a lo mejor no lo que deberían”, proseguía, denunciando que la dirección de la residencia hace tiempo que se ha desentendido de todo.

“Es indignante que esto pueda pasar”, señalaba, “sobre todo porque la responsable, el cáncer de la empresa, es bien conocida”. Y es aquí cuando el relato se convierte en un suma y sigue de irregularidades, escapando de los mecanismos de control: como administradora única de la empresa aparece E.V.B.M., una mujer de 80 años que es la madre de Isabel Violeta O.B., inhabilitada en 2010 en la Comunidad de Madrid tras el cierre por infracciones graves de una residencia de mayores que dirigía en Aravaca. Algunos de los ancianos de este centro fueron trasladados a Sierra Kanaima, en Moralzarzal, donde esta última ya no figura como cabeza visible de la sociedad, aunque sí su madre. Mientras tanto, Isabel Violeta O.B., de 56 años, asumía la dirección de un nuevo centro, esta vez en Paterna (Valencia). La historia se repitió aquí, acabando igualmente con la clausura en 2015 de la Residencia Trastevere de La Canyada (“Residencia Geriátrica El Trastévere S.L.”, cuya sede social estaba precisamente en Moralzarzal). Además, en esta ocasión resultó imputada por desatención, después de que los agentes de Policía Nacional que se personaron a raíz de la denuncia de un familiar de los residentes comprobaran que había cinco ancianos en una situación deplorable, presentando vómitos y con un fuerte olor a heces y orines. “Los tenían cagados y meados, sin darles de comer, y mientras ellos totalmente borrachos”, señalaba entonces el hijo de una nonagenaria en referencia a Isabel Violeta y al único trabajador que en el momento de su visita permanecía en el centro. De hecho, según publicaron varios medios en aquel momento, “los pañales sucios estaban tirados por el suelo, donde también había excrementos del perro de la directora del centro, que era incapaz de responder a las preguntas de los agentes debido a su estado de embriaguez”.

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También en Moralzarzal, explicaba la auxiliar con la que ha podido hablar “Aquí en la Sierra”, era frecuente que acudiese “ebria”. “Incluso alguna vez tuvo que traerla la Policía porque casi no se tenía en pie”, añadía. “¿Cómo puede ser que con este historial se permita algo así?”, se preguntaba esta trabajadora.

En Valencia, otra de las empresas en las que Isabel Violeta O.B. figuraba como administradora era “Vostra Iaia Isabel S.L.”, con domicilio social en Torrent. Tras su salida de esta región, el nombre aparece nuevamente en Moralzarzal, constituyéndose en abril de 2017 como “Residencia Geriátrica Vostra Iaia S.L.”. con la misma administradora única y el objeto social de la “creación de residencias geriátricas y centros sociales, explotación de estos y la prestación de servicios cuyo fin sea la prevención, tratamiento, eliminación de las situaciones de marginación social en todos sus aspectos, gestión, administración, asesoramiento de centros sociales y tercera edad”.

“Esto lo hemos denunciado en varias ocasiones, la última vez hace seis meses en Servicios Sociales, y también hemos mandado un escrito al Ayuntamiento”, advertía esta trabajadora de Sierra Kanaima -que con el anunciado cierre se quedará en la calle, al igual que sus compañeras-, avanzando que la próxima semana tienen previsto reunirse con el alcalde de Moralzarzal para trasladarle directamente esta situación.

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En cuanto a los 23 residentes (que como usuarios pagaban entre 1.200 y 1.700 euros al mes), explicaba que la Comunidad de Madrid “ya se ha puesto en contacto con los familiares, ofreciéndoles un listado de las residencias a las que pueden ir, y en breve serán reubicados en otros centros”.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales confirmaban que el cierre se decretó tras detectarse infracciones graves (deficitaria atención farmacológica, falta de actualización de los expedientes de los usuarios, falta de registro de atención a usuarios en aspectos como caídas y falta de atención reiterada a los requerimientos formulados por la Administración) en las inspecciones periódicas que se realizan dos veces al año “en todas las residencias de la Comunidad de Madrid, ya sean públicas, con algún concierto o privadas, como era este caso”. “Hacemos una labor de protección de los mayores, pero administrativamente hay que cumplir los plazos”, concluían. En este sentido, el propio consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, subrayaba hace unos días que se había modificado el plan de calidad y de inspección para hacerlo “mucho más riguroso”, asegurando que las normas se aplicarán “de forma contundente” para que “los usuarios estén lo mejor atendidos posible”.

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