El Ejecutivo de Moralzarzal presenta a la Fiscalía dos procedimientos «irregulares» llevados a cabo entre 2007 y 2015 tras realizar una auditoría

Ayer, miembros del equipo de Gobierno de Moralzarzal presentaron ante la Fiscalía de Madrid dos procedimientos que la auditoria llevada a cabo en el último año ha calificado de «irregulares». En concreto se trata de dos concesiones llevadas a cabo por el anterior Ejecutivo del Partido Popular en relación a la concesión administrativa del servicio público Casa de Niños y los campus de verano realizados entre 2007 y 2013.

«La Fiscalía determinará si hay o no causa, nosotros solo hemos dado la información», señaló el alcalde, Juan Carlos Rodríguez Osuna.

 

Casita de Niños

Respecto a la Casa de Niños, cuya gestión se privatizó en 2004, la auditoría ha revelado que el pliego de condiciones original puntuaba la experiencia en la propia Casa de Niños del personal responsable, un requisito que excluía a otros posibles licitadores. Asimismo, en 2008 se realizó una prórroga de cuatro años a la empresa adjudicataria, cuando el pliego de condiciones marcaba de manera expresa que debería hacerse de año en año.

«El valor de los contratos de los últimos ocho años de gestión de la empresa adjudicataria asciende a más de 1.200.00 euros. De ellos, la Comunidad de Madrid aportaba el 85 por ciento y el Ayuntamiento de Moralzarzal el 15 por ciento restante. Se da la circunstancia que, con la licitación convocada por el nuevo equipo de Gobierno en 2016, y que para preservar la objetividad del proceso se realizó a través de personal técnico de la Comunidad de Madrid, la empresa adjudicataria hasta ese momento quedó por detrás de otra empresa en la baremación y no logró la adjudicación», explica el equipo de Gobierno.

 

Campus de verano
En cuanto a los campus de verano, en los celebrados en 2007 a 2012 no se ha encontrado ningún tipo de contrato administrativo con ninguna empresa, a pesar de que participaron numerosos niños y el riesgo que ello conlleva. Tampoco hay constancia de que se realizara ningún procedimiento de selección ni de concurrencia.

«En 2013, y ante los informes firmados por Secretaría e Intervención del municipio, se realiza un trámite de contratación con una empresa pero se formaliza un seguro por un total de 150.000 euros de capital, en lugar de los 300.000 correspondientes», dicen fuentes municipales.

«Basándonos para el cálculo en los participantes del campus de 2016, ya que existe una falta total de datos, se puede estimar que los ingresos de esta actividad entre el periodo 2007 a 2013 pudieron ascender a más de 250.000 euros y no hay datos sobre cesión de espacios por parte del Ayuntamiento o del personal contratado y su cualificación profesional. Tampoco consta ningún ingreso a favor del Ayuntamiento, por lo que se supone que la empresa organizadora cobró de manera íntegra las cuotas de los participantes, a pesar de que las actividades se realizaron en dependencias municipales», explica el Ejecutivo en una nota.

 

«Sin tiempo ni dinero»

Tanto Vecinos por Moralzarzal Participa! como el Partido Socialista, ambos socios de gobierno, tenían el compromiso electoral de realizar una auditoria y hace un año la empresa Business Risk Services (BRS), bajo la coordinación del interventor, comenzó los trabajos para auditar la gestión económica y financiera de 2011 a 2015 -«cuyos resultados no han sido relevantes salvo algunas pequeñas puntualizaciones; lo que arroja el informe económico es positivo»-, así como tres concesiones administrativas -la Casa de Niños, las clases colectivas del gimnasio municipal y los campus de verano- , dos servicios municipales -recogida de residuos sólidos y mantenimiento de viales- y un desarrollo urbanístico en el sector de Las Hachazuelas.

«No había tiempo ni dinero para auditar toda la gestión del PP durante los 20 años de Gobierno», ha dicho el alcalde, Juan Carlos Rodríguez Osuna, quien ha cifrado en 30.000 euros el coste de la auditoría. «Hoy, con la información que tenemos, hubiéramos auditado otros procedimientos; muchas de las irregularidades han prescrito y solo hemos llevado dos ante la Fiscalía».

«Se eligieron estos procedimientos porque era algo que nos demandaban los vecinos; había cosas que nos veíamos claro», ha reconocido el concejal de Hacienda, Samuel Ferreras. «Teníamos la información muy limitada y teníamos ciertas sospechas de que podía haber algunas irregularidades», apostilló Rodríguez Osuna.

«Nosotros siempre hemos exigido que la contratación pública sea transparente, concurrente y pública. Sabemos que también nos pueden hacer auditoria a nosotros y hacemos lo posible por hacer bien nuestra gestión, elevar el nivel de exigencia política», apuntó el concejal del PSOE, Ángel Martínez.

Sobre este asunto, el regidor apuntó: «nosotros estamos auditando de manera continúa nuestra gestión con el portal de transparencia Civio».