El Gobierno de Galapagar pierde la cuestión de confianza, pero sacará adelante los presupuestos ante la imposibilidad de que la oposición presente una moción de censura

Un año después, la historia se repite en Galapagar, aunque ahora con un giro en el guion que no afectará al desenlace: el alcalde, Daniel Pérez Muñoz, no consiguió esta vez sacar adelante la cuestión de confianza que planteó al Pleno, pero la imposibilidad de que la oposición pueda sacar adelante una moción de censura (necesitarían 12 votos, al estar la edil no adscrita María Antonia Quispe declarada como concejal tránsfuga, tras ser expulsada de Sí Se Puede, el partido con el que se presentó a las elecciones en mayo de 2015) facilitará que, pasado el mes de plazo que tendrán para proponer un candidato alternativo, se aprueben los presupuestos para 2018, después de que el pasado viernes se acabaran retirando ante las más de 90 enmiendas presentadas por la oposición, en lo que el PP calificó como un intento de “demolición” de sus cuentas. En este sentido, Ciudadanos ha remitido un comunicado indicando que su grupo no llegó a presentar ninguna enmienda, añadiendo que «desea que se puedan presentar unos presupuestos de forma razonable, con plazos adecuados para su debate y presentación de enmiendas» y asegurando que estaría dispuesto a apoyar las cuentas «si incluyen propuestas dirigidas al progreso de Galapagar y cumplen todas las garantías en cuanto a procedimiento».

Antes de que se iniciase el debate en esta sesión extraordinaria, Celia Martell, de Galapagar en Común-IU, anunció la presentación de un recurso de reposición, considerando que la convocatoria de la cuestión de confianza era “ilegal”, al no haberse llegado a debatir las cuentas en el pasado Pleno. Después de esta intervención, el concejal de Hacienda, Juan Antonio Francés, señaló que los presupuestos trataban de “hacer un municipio con más calidad de vida”. “Se presentaron 93 enmiendas, incluso el mismo día del Pleno, lo que hacía que aquello fuera imposible de debatir, ya que supondría un movimiento de casi 5 millones de euros”. “La intención no era mejorar los presupuestos, sino plantear una auténtica enmienda de demolición”, aseguró el edil popular. “Si de verdad se quieren mejorar, lo adecuado es dirigirse con propuestas al equipo de Gobierno, pero no la víspera del Pleno”, añadió.

Reproches de ida y vuelta

A partir de aquí, la sesión transcurrió entre reproches, certificando la brecha existente entre el Ejecutivo y los grupos de la oposición, incluyendo a Ciudadanos, que en la primera cuestión de confianza planteada hace un año se abstuvo, mientras que esta vez votó en contra, mostrándose especialmente crítico con el equipo de Gobierno. La edil no adscrita, María Antonia Quispe, censuró las prisas con que se ha llevado a cabo este proceso, además de afirmar que su intención era conseguir “un presupuesto más participativo, más social y con más ayudas a los tranajadores”, concretando que sus enmiendas pasaban por más ayudas para los niños de las escuelas infantiles y por el control de las colonias felinas.

Celia Martell (IU) empezó diciendo que se trataba de “una estrategia para sacar adelante los presupuestos sin tener en cuenta a la oposición”, recordando que las enmiendas “se pueden presentar antes e incluso durante el mismo pleno”. En su caso, añadió, las propuestas contemplaban una mayor dotación económica para Servicios Sociales, así como para políticas de empleo, ayudas para la escuela pública, participación o actividades gratuitas en el Punto Joven, entre otras iniciativas. Finalmente, manifestó que se “vulneraba el derecho de la participación de la oposición”, para recordar que el regidor ya había sido condenado “dos veces por no dejarnos votar las enmiendas”. En este sentido, el alcalde señaló luego que no se podía hablar de condena, sino de que el juez había corregido la interpretación de la norma realizada desde el Ejecutivo.

Especialmente duro en su intervención fue el portavoz de Ciudadanos, Felipe García, asegurando que “esta vez ni siquiera se habían buscado un buen fundamento para la cuestión de confianza”. “Esto es reiterarse en el delito, porque tienen una nula capacidad para el pacto, para crear un ambiente de confianza y tejer las complicidades necesarias; prefieren saltarse la ley una vez más antes que llegar a un acuerdo”, señaló, acusando al Ejecutivo de “ignorar sistemáticamente a todos los vecinos a los que representamos los grupos de la oposición”.

Cumplir la ley

Desde las filas del PSOE, Jorge Cotallo -que en la cuestión de confianza votada el pasado mes de enero no estuvo presente por un problema personal- insistió que no se estaba cumpliendo la ley, al no haberse permitido votar los presupuestos. “Esto es una tomadura de pelo, porque ustedes tenían una hoja de ruta muy clara, sin voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo. Lo primero es recuperar la democracia, porque el único camino que nos dejan es volver a los tribunales y presentar un recurso”, finalizó.

En parecidos términos se pronunció la portavoz de Cambiemos, Raquel Almendros, considerando “ilegal” el contenido de la sesión. “Presentamos enmiendas para paliar su mala gestión, porque contamos con uno de los presupuestos menos sociales de toda España”, manifestó. “En el debate sobre el estado del municipio dijo que tendía la mano a la oposición, pero sería suficiente con que cumpliera la ley”, indicó. “Como voy perdiendo el partido, cojo el balón y me lo llevó; eso es lo que está ocurriendo”, acabó señalando.

El PP defiende su capacidad para pactar

Tras las intervenciones de la oposición llegó la de la portavoz del PP, Carla Greciano, recordando, frente a quienes les acusaban de no tener capacidad de pactar, que durante seis años el Partido Popular había gobernado en coalición con otros partidos distintos. “Sabemos pactar, pero otra cosa es que le llamemos en septiembre y no responda”, manifestó, dirigiéndose al líder de Ciudadanos, Felipe García. “Hemos intentado pactar mil veces, pero aquí hay dos formas de hacer las cosas: de buena fe, y si quiere hablamos mañana mismo, y de mala fe, que es lo que hacen. Pero Galapagar seguirá avanzando a pesar de ustedes”, señaló, para dar paso a su compañero Pablo Gómez, quien indicó que lo que quiere C’s no es un pacto, sino una “imposición”, para a la postre “seguir alineándose con Podemos”. Además, explicó que las enmiendas no contaban con los preceptivos informes y que en muchos casos estaban viciadas de nulidad.

Antes de la votación, el alcalde, Daniel Pérez Muñoz, aseguró que “hace meses que se está trabajando en los presupuestos, lo sabe todo el mundo, pero ustedes no han presentado ni una sola propuesta hasta llegar al Pleno con las enmiendas”. Al portavoz de Ciudadanos le recordó que en el transcurso de una sesión había llegado a admitir que “estuvo por la labor de presentar una moción de censura, pero que no fue posible por otro grupo”. “Usted sí que llega a acuerdos, pero con Podemos, que es lo que le gusta”, le espetó a Felipe García, para después señalar que apenas media hora antes del Pleno del pasado viernes la edil no adscrita presentó una enmienda por valor de 300.000 euros. “¿Sabía usted lo que se estaba votando entonces? Eso es vulnerar un derecho fundamental”, añadió, considerando que en una primera aproximación “las propuestas estaban plagadas de irregularidades, por lo que eran nulas de pleno derecho”.

Imponer su voluntad

“Pueden utilizar todas las artimañas para intentar imponer su voluntad, pero yo también estoy en mi derecho de tomar las medidas legales para evitar que se adopten acuerdos que sean nulos de pleno derecho”, afirmó, para añadir de inmediato que “no hay nada más antidemocrático que la oposición trate de usurpar las labores del gobierno”. “Nos han obligado a llegar hasta aquí, lo han provocado por segunda vez, pero sigo tendiendo la mano a todos, y muy especialmente a Ciudadanos, a pesar de que nos han dejado plantados muchas veces”.

Finalmente, el Gobierno no consiguió sacar adelante la cuestión de confianza, al sumar únicamente los 10 votos del grupo municipal del PP, mientras que en contra votaron PSOE (tres concejales), Cambiemos (tres), Ciudadanos (tres), Galapagar en Común (uno) y la edil no adscrita (uno), sumando un total de 11. Sin embargo, estas cuentas no sirven para una hipotética moción de censura, ya que la LOREG, en su artículo 197, establece que en los casos en que haya un concejal tránsfuga -así es considerada María Antonia Quispe- es necesario contar con un edil más (12 y no 11, en este caso) para obtener la mayoría absoluta. De este modo, y pese haber perdido esta votación, el equipo de Gobierno tiene virtualmente aprobados los presupuestos para el próximo año, que ascenderán a casi 27 millones de euros, incluyendo distintos proyectos de inversión por un valor total de 3,5.