Suspendido hasta marzo el juicio por el frustrado proyecto para construir un hotel de 4 estrellas en el antiguo Chalet Peñalara de Cercedilla

Después de diez años de espera, este martes 7 de noviembre y el próximo día 14 estaba prevista la celebración del juicio oral, en los Juzgados de lo Penal de Madrid por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística por las obras realizadas para convertir el antiguo albergue de montaña, conocido como Chalet Peñalara, en el Valle de la Fuenfría (Cercedilla), en un hotel de 4 estrellas. Las personas acusadas son la representante de la empresa promotora, Chalet Peñalara de Fuenfría S.L, el arquitecto redactor del proyecto y el ex arquitecto municipal de Cercedilla. Sin embargo, este último se ha personado en el juzgado sin abogado defensor, lo que ha provocado la suspensión y aplazamiento del juicio hasta marzo de 2018.

Igualmente se ha requerido al acusado para que en cinco días nombre un abogado que le defienda en la causa. Ecologistas en Acción ha lamentado la precaria situación de la Justicia madrileña que propicia situaciones como la sucedida.

Tampoco han asistido a la cita algunos testigos como Pablo Sanjuanbenito García, actual codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que era el responsable de la gestión forestal de la Comunidad de Madrid en el momento de los hechos; y el diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis del Olmo Florez, que ejercía como director general de Promoción y Disciplina Ambiental.

Ecologistas en Acción lamenta que situaciones como estas puedan darse en la Justicia madrileña. “Un ejemplo que denota los escasos medios y la situación de precariedad en la que se desarrolla la actividad del tercer poder del Estado en la Comunidad de Madrid. De contar con más medios económicos y humanos se podría comprobar, antes de las fechas señaladas, la correcta citación de personas acusadas, letrados y testigos”, indicaron.

chaletpeñalaraEl albergue de montaña conocido como Chalet Peñalara, se sitúa en el Valle de la Fuenfría, en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, colindante al Parque Nacional, a 1.500 metros de altitud y a 5 kilómetros al norte del casco urbano de Cercedilla. Se asienta sobre un monte público, propiedad del Ayuntamiento, y está incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid, lo que le confiere una protección similar a la de un espacio protegido, indican los ecologistas. El albergue se autorizó como una concesión otorgada, en 1917, a la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara (RSEAP).

En el año 2003, relata el colectivo conservacionista, la RSEAP, sin autorización de la Consejería de Medio Ambiente, vendió el albergue a la empresa Chalet Peñalara de Fuenfría S.L. La nueva propietaria, en 2006, comenzó las obras de transformación del albergue en un hotel de 4 estrellas que contaría con 19 habitaciones (3 suites), gimnasio, sala de masajes y aparcamientos subterráneos. Se llevaron a cabo demoliciones de parte del albergue y de construcciones anexas, desmontes y se construyeron muros de hormigón, todo ello sin estar autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, administración gestora del monte, y no estando permitido por la normativa urbanística de Cercedilla.

A pesar de tratarse de una obra no autorizable, señala Ecologistas en Acción, “el entonces arquitecto municipal de Cercedilla informó favorablemente el proyecto, lo que llevó a que la Junta de Gobierno municipal autorizase la obra. Por ello, se le imputa un presunto delito de prevaricación urbanística”.

“Igualmente, el arquitecto redactor del proyecto, sabedor de que no podía construirse un hotel, hizo caso omiso y, sin contar con las autorizaciones pertinentes, dirigió la ejecución de las obras. Se le acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio”, añade esta asociación.

Durante la ejecución, el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid llegó a presentar hasta seis denuncias y emitió cuatro órdenes de paralización. Sin embargo, todas ellas fueron ignoradas por la promotora  y el arquitecto director de obras. Por ello, la representante legal está acusada por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Ecologistas en Acción conoció de los hechos en 2007, cuando interpuso la denuncia, y en 2008 por orden judicial se ordenó la paralización de las obras sin que se llegase a consumar la construcción del hotel. Más de un década después del inicio de las obras y finalizada la fase de instrucción, la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción, como acusación particular, solicitan un año y medio de prisión para las personas acusadas e inhabilitación especial para los arquitectos.

Ecologistas en Acción concluye afirmando que “lamenta la lentitud de la Justicia pero, afortunadamente en esta ocasión, gracias a la orden de paralización de las obras, no ha llegado a construirse el hotel de lujo previsto, lo que hubiera supuesto un grave impacto en una zona de alto valor natural”.