La polémica por un expediente urbanístico de 2005 deriva en la apertura de juicio contra el alcalde de Moralzarzal, quien niega que exista desobediencia y pide el sobreseimiento del caso

Meses después de que el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid abriese diligencias previas contra el alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, por no acatar una resolución judicial sobre un expediente urbanístico de 2005 -cuando el actual primer edil no era regidor y ni siquiera formaba parte de la Corporación-, la polémica acerca de este tema se ha reabierto tras conocerse que el Juzgado número 5 de Colmenar Viejo, en un auto de fecha 28 de septiembre, ha ordenado la apertura de juicio por un presunto delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal y que conlleva penas de hasta un año de cárcel.

Manifiestamente ilegal

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La acusación mantiene que el regidor “se ha negado reiteradamente a dar cumplimiento a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictada en el año 2007”, en la misma se anulaba una adjudicación a unos vecinos de terrenos en la calle Camino de Los Linares, al ser “manifiestamente ilegal”.

Hasta la fecha, prosiguen estas mismas fuentes, el Ayuntamiento de Moralzarzal  hasta la fecha “ha eludido la ejecución de la sentencia, pese a los numerosos requerimientos del Juzgado, hasta el punto de que se han impuesto tres multas al alcalde de 500 euros cada una”. La parte demandante explica que “el Juzgado de lo Contencioso dio traslado a la Fiscalía para que investigase las posibles responsabilidades penales del alcalde”, solicitando finalmente la apertura de juicio oral.

Recurso de apelación

Frente a estos hechos, el alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, ha negado haber cometido un delito de desobediencia y ha reclamado el sobreseimiento del caso. Según señalan desde el Ayuntamiento, este proceso judicial parte de una denuncia presentada por un particular contra la desestimación, por silencio administrativo, de un recurso de preposición que se planteó contra un acuerdo de la Junta de Gobierno en mayo de 2005, relativo a la enajenación de una parcela de 205 metros cuadrados sobrante no edificable, que se ofreció a otros dos vecinos por partes iguales.

Según relatan fuentes municipales en un comunicado, en el auto del 28 de septiembre se acordó tramitar diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, lo que se trasladó a la Fiscalía y a las acusaciones particulares “para que interpongan un escrito de acusación, soliciten la práctica de pruebas complementarias o el sobreseimiento”.

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En este sentido, “se ha planteado un recurso de reforma y subsidiario de apelación para que se pronuncie el Juzgado sobre el sobreseimiento solicitado por Juan Carlos Rodríguez Osuna”, explican desde el Consistorio, asegurando que el regidor “en ningún momento” se ha negado a cumplir la sentencia y “prueba de ello son las actuaciones realizadas”.

“Todo lo que está en su mano”

“Al ser una ejecución de sentencia compleja, se entendió en auto del Juzgado nº17 de Madrid que no estaba ejecutada, pero hay que manifestar que dicho auto se encuentra pendiente de recurso de apelación, por lo que, si se estimase el mismo, la sentencia ya estaría ejecutada”, detallan desde el Ayuntamiento, añadiendo que a su vez “se ha vuelto a iniciar la tramitación de un nuevo expediente administrativo, ya que el Juzgado nº17 ha entendido en la práctica de pruebas realizada el 5 de octubre de 2017 que es suficiente el Informe Técnico realizado por arquitecto externo, por lo que la sentencia estará ejecutada una vez que se tramite el nuevo expediente que ya se ha iniciado.”

En cuanto a las multas de 500 euros contra el alcalde, subrayan que recaen en el regidor “por ser el máximo representante del municipio, pero eso no implica que no esté realizando todas las actuaciones que están en su mano”, concluyeron.