La Fiscalía investiga una operación urbanística en el campus de la Universidad Nebrija en Hoyo y pide la imputación del alcalde y varios ediles

Según publica este martes el diario digital “El Confidencial”, la Fiscalía de Madrid investiga desde el pasado mes de noviembre el “fallido pelotazo de 118 pisos de la Universidad Nebrija”, en Hoyo de Manzanares, pidiendo la imputación del alcalde de este municipio, José Ramón Regueiras, así como de siete de sus concejales, de una edil de Ciudadanos y de dos arquitectos representantes de este centro universitario privado. 

La información de “El Confidencial” hace referencia al desarrollo proyectado hace 16 años en el campus que la Nebrija tiene en Hoyo, “donde pensaba construir 118 viviendas”, señalando que tras varios meses de investigaciones el pasado 24 de julio la Fiscalía solicitó al Juzgado decando de Colmenar Viejo que citara como investigadas a 13 personas, entre ellos buena parte del actual Ejecutivo, con el alcalde a la cabeza, así como la edil de Ciudadanos Elena Talavera y dos arquitectos, todos ellos denunciados por un presunto delito de prevaricación.

Ante esta noticia, explica el citado diario digital, un portavoz de la universidad habría asegurado que aún no han recibido notificación de la Fiscalía y que su actividad es la docencia, “no la construcción de viviendas”. Sin embargo, relata El Confidencial, el Plan Parcial S-49 Campus de la Berzosa, aprobado desde marzo de 2001, prevé una edificabilidad de 23.000 metros cuadrados, con 33 viviendas agrupadas y 85 aisladas. En cualquier caso, el problema no radicaría en los pisos, proyectados en suelo privado de la Nebrija, “sino en la parcela que se iba a utilizar para construir un acceso directo a la nueva zona universitaria de las viviendas y que es imprescindible para evitar que afecte al tráfico de la urbanización La Berzosa. Este acceso uniría la vía de servicio de la A-6 y los pisos”.

Proyecto de segregación

La información detalla que la Universidad, representada por los dos arquitectos también denunciados en este caso, presentó en noviembre de 2013 el proyecto de segregación de una parcela situada en el número 1 de la avenida de Asturias, actuación imprescindible para ceder parte del suelo al Ayuntamiento y que se pueda construir la citada carretera de acceso.

La denuncia afecta al regidor, José Ramón Regueiras, así como a otros ediles del PP presentes en la Junta de Gobierno y a la concejala de Ciudadanos Elena Talavera. Según la Fiscalía, la segregación aprobada en el pleno, así como la posterior modificación de las Normas Subsidiarias del municipio, no cumplía con la Ley del Suelo de 2001, ni tampoco con la Ley de Rehabilitación Urbana de 2015. El proyecto, mantiene la Fiscalía, se aprobó basándose “en una operación fraudulenta, que ni siquiera había cumplido la condición de que la cesión del suelo [al Ayuntamiento] para el viario fuese inscrita en el Registro de la Propiedad”. “Así lo advertimos al PP, que la operación no era legal”, subraya el grupo independiente Unidos por Hoyo, que presentó la denuncia inicial que ha dado lugar a este proceso.

“Ya no son nubarrones lo que tiene encima José Ramón Regueiras, ya empieza a ser tormenta tropical, otra imputación que en septiembre u octubre se sumará a todas las que ya tiene. La novedad es la imputación de la concejala de Ciudadanos Elena Talavera, que según el código de su partido, significará la salida inmediata de la formación naranja”, añaden desde UPH.

Finalmente, la información publicada por El Confidencial hace referencia a que la Comunidad de Madrid devolvió el expediente urbanístico al Ayuntamiento, en mayo de 2016, “debido a inviabilidad, ya que la tramitación acordada no cumplía con la Ley. «Las cosas se han hecho mal, y el pelotazo urbanístico, que se estima en 20 millones de euros, tendrá que esperar», concluyen desde Unidos por Hoyo.