El PSOE denuncia ante la Fiscalía al anterior equipo de Gobierno del PP por prevaricación al contratar a una trabajadora para Desarrollo Local en Collado Villalba

El grupo municipal socialista de Collado Villalba ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación que habría cometido el equipo de Gobierno de la anterior legislatura, liderado por Agustín Juárez y que contaba con 14 concejales, que aprobó en Pleno la contratación de una trabajadora para el área de Desarrollo Local con la creación de una nueva plaza, la de agente de prospección y dinamización ocupacional.

Tal y como ha explicado hoy en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Juanjo Morales, «a pesar de los reparos de la interventora, que emitió hasta tres informes desfavorables», el que fuera alcalde firmó un decreto avalando la contratación y justificando la necesidad y la urgencia de la misma. Sin embargo, según el Plan de Ajuste 2012-2022 al que se sometió el Ayuntamiento impedía la creación de nuevos puestos de trabajo aunque estas se amortizasen (hasta enero de 2016). Y es que el Ejecutivo local justificó el acto con «la transformación de una plaza vacante de personal laboral de capataz de la Brigada de Obras -por jubilación- en una plaza de agente de prospección y dinamización ocupacional», algo que rechazó la interventora al explicar que «en ningún caso se trata de una transformación y sí de la amortización de una plaza vacante y posteriormente la creación de una nueva». 

 

Denuncia a los 14 concejales

«Hemos denunciado a todo el equipo de Gobierno, a los 14 concejales del PP por levantar la mano en el Pleno del 31 de enero de 2013 y aprobar la creación de esta nueva plaza a sabiendas de que estaba mal. Nosotros ya lo dijimos en su día, que no nos parecía legal y ahora, a través nuestros abogados, hemos dado conocimiento a la Fiscalía de un presunto delito de prevaricación». Según los sociaistas, el Ejecutivo del Partido Popular podrían haber incurrido en alguna de las conductas tipificadas y penadas en los artículos 404 y 405, que incluye penas de inhabilitación de 9 a 15 años para cargo público, de 1 a 3 años de suspensión de cargo público y multas de 3 a 8 meses. «Aunque ahora ya no sean concejales, el voto es personal y son responsables».

Los concejales denunciados son: Agustín Juárez (alcalde), José Flores (concejal de Desarrollo Local), Alberto Sánchez, Francisco Pintado, Mariola Vargas, José Ramón López (edil de Hacienda), Inés Berrio, Lourdes Cuesta, Carlos Sanz, Adan Martínez, Jorge González (responsable de Personal), María del Mar Gil, Orfelio Benavides y Juan José González. Todos ellos votaron a favor de la creación de esta plaza, mientras que los seis ediles del PSOE y los dos de UPyD votaron en contra y los tres representantes de Izquierda Unida se abstuvieron.

Ahora, la Fiscalía deberá estudiar los documentos presentados por el PSOE y decidir si sigue con el trámite, un proceso que puede alargarse más allá del próximo verano. «Queremos que se cumpla la ley y se haga justicia», ha indicado Morales.

 

Vulnerar la ley

Según la interventora, con esta contratación, el equipo de Gobierno vulneró la Ley de Presupuestos General del Estado de 2012,que impedían la creación de empleo público, y los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que mantenían esa prohibición.

Además, este nuevo puesto no estaría recogido en la RTP (Relación de Puestos de Trabajo, un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y determina sus retribuciones), de los presupuestos de 2013, aprobados el 19 de noviembre de 2012, tan solo diez días antes del primer informe desfavorable de la interventora, fechado el 29 de ese mes, a pesar de que la trabajadora comenzó en su puesto el 18 de noviembre («la propuesta de contratación no fue objeto de fiscalización previa», indicó la interventora). Esto implica un quebranto en los principios de la Ley de Acceso a la Función Pública. «Agustín Juárez llegó a identificar en el Pleno a la persona que ocuparía ese puesto mientras se estaba debatiendo su creación», ha subrayado los socialistas.

Además, tan solo unos meses antes, ha recordado el portavoz del Partido Socialista, que «el Ayuntamiento había hecho un ERE donde se había echado a 39 trabajadores municipales».

 

Cuatro años después

La denuncia ante la Fiscalía se ha producido el pasado 4 de enero, casi cuatro años después de que se aprobase esta contratación. «Este asunto lo han estudiado nuestros abogados y hasta que no se terminó con el tema de Cofely, que ha supuesto la finalización de este contrato y una sentencia favorable, no nos hemos podido poner con este tema», ha justificado el portavoz del PSOE. «Además, posteriormente ha habido varias elecciones y eso ha ralentizado todo el proceso».