El director general de Urbanismo de la Comunidad, sobre Prado Nuevo: «Es necesario esperar; la capilla hoy no es ilegal porque no hay resolución firme»
La polémica por el enterramiento de Luz Amparo Cuevas en la capilla de Prado Nuevo ha llegado esta semana a la Asamblea de Madrid, después de que el grupo parlamentario de Podemos pidiera este miércoles a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que proceda al cierre de esta instalación. En su argumentación, la formación morada se apoyaba en la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid declarando ilegal la citada capilla, que fue autorizada provisionalmente en agosto de 2012 (licencia prorrogada a su vez un año más tarde). Esta resolución judicial ha sido recurrida por la Asociación de Seglares Reparadores.
Según informa el diario digital “El Confidencial”, el director general de Urbanismo, José Tortosa de la Iglesia, compareció en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea “para explicar qué medidas va a tomar la Comunidad tras conocer la sentencia, fechada el 23 de febrero”. La respuesta, señala este medio, fue que, de momento, ninguna. «El veredicto ha sido recurrido y no es firme. Por lo tanto no es ejecutable. Es necesario esperar. La capilla hoy no es ilegal, porque no hay resolución firme», afirmó Tortosa.
«La sentencia corrobora que en suelo protegido no se puede construir esta capilla. La preservación del suelo protegido es competencia autonómica. ¿Qué va a hacer la Comunidad? En 2012 ya hubo un informe de disciplina medioambiental. ¿Dónde está ese informe? Y algo tendrían que decir Sanidad y la consejería de Transportes, ya que cada vez que se reúnen los seguidores de la vidente se colapsa una carretera autonómica», aseguró Laura Díaz, diputada de Podemos, según recoge el mencionado periódico digital.
Frente a estas acusaciones, desde la Comunidad de Madrid indican que «este suelo pertenece a un sistema general no obtenido. Y en este caso, la ley prevé que se pueden autorizar licencias provisionales. Hay que esperar a la sentencia definitiva para ver en qué dirección trabajamos. Son los tribunales, tras el recurso, quienes deben determinar si hace falta una calificación urbanística previa».
Por otra parte, la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial presentó una denuncia por la vía penal en el juzgado número 3 de San Lorenzo de El Escorial, reclamando el cierre cautelar de la capilla y una fianza de dos millones de euros. En cuanto a este proceso, avanza “El Confidencial”, el 8 de junio declarará como testigo el ex director general de Urbanismo y actual director general de Carreteras e Infraestructuras, José Trigueros.
